Este lunes 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el último paquete de reformas constitucionales de su sexenio entre las cuales contempla ajustes al Poder Judicial, la transformación del INE, candados al salario mínimo, obligar a que las pensiones sean del 100% del sueldo y la desaparición de organismos y unidades administrativas que duplican funciones del Ejecutivo y que, a decir del mandatario, respetan un gran gasto para el erario.
“Consideramos que son iniciativas que reivindican los derechos de la población, del pueblo de México y que nuevamente retoma el sentido social de la Constitución de 1917, así que consideramos que es un paquete de reformas que habrá de discutirse ampliamente y que puede llegar a mejorar y a consolidar el bienestar de nuestra gente”, dijo el mandatario durante la presentación de las reformas que ya están en la Cámara de Diputados.
Podrían reformar más instituciones
Desde hace varios meses el presidente advirtió que propondría extinguir a la mayoría de los organismos constitucionalmente autónomos, regresar sus funciones a las Secretarías de Estado y otras instancias. Ayer, propuso eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE), Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Sin embargo, la reforma administrativa de AMLO está dividida en dos partes, mientras que la primera se enfoca en estas instituciones “creadas durante los gobiernos neoliberales”, la segunda también considera la eliminación, fusión o integración de al menos 18 órganos desconcentrados, organismos descentralizados o unidades administrativas a fin de simplificar las estructuras orgánicas de las dependencias.
“La reorganización que se propone permitirá eliminar la dispersión de recursos públicos, para dirigirlos al cumplimiento de las funciones sustantivas del Estado, que consisten en satisfacer necesidades sociales y construir la infraestructura indispensable para el desarrollo nacional”, señala la iniciativa enviada por AMLO, la cual contempla, pues, los siguientes cambios:
- Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar): se convertiría en una unidad administrativa de la Secretaría de Gobernación (Segob)
- Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna): sería una unidad administrativa del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
- Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNIC): pasaría a unidad administrativa de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)
- Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables: se convertiría en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, un órgano administrativo desconcentrado de la Sader
- Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP): sería una unidad administrativa de la Sader
- Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali): pasaría a ser unidad administrativa de la Secretaría de Cultura
- Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA): sería unidad administrativa de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
- Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC): sería unidad administrativa de la Semarnat
- Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee): se transformaría en unidad administrativa de la Secretaría de Energía (Sener)
- Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve): sería unidad administrativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS)
- Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes): sería unidad administrativa de la Secretaría del Bienestar
- Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam): pasaría a unidad administrativa de la Secretaría del Bienestar
- Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis): sería unidad administrativa de la Secretaría del Bienestar
- Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA): se eliminaría
- Dirección General de Publicaciones (DGP): pasaría como unidad administrativa al Fondo de Cultura Económica (FCE)
- Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia): sería unidad administrativa de la Secretaría de Salud (Ssa) y junto con la Dirección General de Políticas en Salud Pública se crearía el Centro Nacional de Enfermedades Crónicas No Transmisibles
- Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef): se fusionarían en una unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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