Quién es el ministro Alberto Pérez Dayán y por qué Morena quiere hacerle un juicio político

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diera un revés al presidente Andrés Manuel López Obrador al declarar inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el partido Morena dijo el jueves que solicitará un juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán.

Al señalar que el integrante de la Suprema Corte ha incurrido en una “acción arbitraria”, el partido guinda dijo que se le deben fincar responsabilidades administrativas porque, según ellos, violó la Ley Orgánica del Poder Judicial al emitir su voto de calidad que favoreció la declaración de inconstitucionalidad.

El miércoles, durante la sesión de la Segunda Sala de la SCJN, la votación para resolver la impugnación que hicieron seis empresas en contra de la “Ley Bartlett” estaba empate con dos votos a favor y dos en contra, por lo que el ministro Pérez Dayán usó su voto de calidad para el desempate, pues el ministro Javier Laynez se encontraba impedido para participar en la discusión.

Aunque Morena argumenta que incurrió en una violación en su propia Ley, la SCJN reaccionó este jueves y recordó que el artículo 56 de la Ley de Amparo señala que “cuando uno de los ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del pleno o sala, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, éstos continuarán en el conocimiento del asunto; en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad”.

La reforma en cuestión, aprobada en marzo de 2021, buscaba fortalecer según AMLO el papel del Estado en el sector eléctrico, limitando la participación de empresas privadas, sin embargo, la Segunda Sala del máximo tribunal consideró que esta reforma “vulnera los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable”.

“El supuesto fortalecimiento de las empresas del Estado no es razón para desconocer el marco constitucional en materia de energía eléctrica”, precisó la Sala, subrayando que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe operar bajo las mismas condiciones de competencia que las demás empresas del sector.

Los ajustes impulsados introducían nuevas reglas que otorgaban a la CFE un trato preferencial en aspectos como el orden de despacho de energía, la asignación de contratos de cobertura eléctrica y en la adquisición de certificados de energías limpias. Estas modificaciones, ahora revocadas, estaban diseñadas para incrementar la participación de la empresa estatal en el mercado, en detrimento de los inversores privados.

Por los hechos, el presidente López Obrador admitió que su gobierno impugnará el fallo: “¿Cómo vamos a aceptar el predominio del poder particular por encima del poder público?”, enfatizó durante su “mañanera”.

Nacido el 13 de diciembre de 1960, el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán ha desempeñado un rol crucial en la deliberación y votación de importantes casos, incluyendo aquellos relacionados con las reformas impulsadas por el gobierno actual.

Nombrado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa en 2012, Pérez Dayán cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito jurisdiccional. Es licenciado en derecho por la Universidad La Salle, cuenta con una especialización en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana y ha impartido clases en UNAM, la Universidad Autónoma de Yucatán y el Instituto de la Judicatura Federal. A pesar de una votación inicial en el Senado en 2010 que favoreció a otro candidato para un puesto vacante en la SCJN, Calderón lo propuso nuevamente en 2012, siendo en esta ocasión seleccionado por el Senado para ocupar el lugar de Guillermo Ortiz Mayagoitia tras su deceso.

En el marco de las reformas impulsadas por López Obrador, Pérez Dayán elaboró el proyecto de resolución del Plan B de la reforma electoral, argumentando la invalidez del proyecto presidencial y sugiriendo la reversión de modificaciones legales aprobadas en diciembre de 2022.

Además, hace unos meses propuso la destitución de senadores que no acaten resoluciones emitidas por el pleno de la Corte, específicamente en el contexto de los nombramientos en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Estos eventos posicionan a Alberto Gelacio Pérez Dayán como una figura central en la intersección de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial.