Gobierno de AMLO desvía fondos para pagar deuda por cancelación del aeropuerto de Texcoco, según Aristegui

Más de cinco años después, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que se desarrollaba en Texcoco, el tema sigue dando de qué hablar. Debido a que el pago de la deuda generada por la anulación del proyecto está programado que finalice hasta 2048 y que serán los usuarios que la cubran en su totalidad. La deuda que generó con los acreedores asciende hasta los 196 mil 350 millones de pesos, déficit que seguirán costeando los pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), reveló una investigación de Aristegui Noticias, realizada por Regina Diez Gutiérrez.

De acuerdo con el portal de noticias citado, el pago de la deuda está siendo financiada “directamente” por los viajeros que salen del AICM, a través de las Tarifas de Uso de Aeropuerto (TUA), y de forma indirecta por todos los mexicanos, quienes por sus impuestos financian los recursos adicionales que se otorgan al aeropuerto de la capital del país.

En tanto, el desvío de la TUA para cumplir un propósito diferente al establecido por el Programa Maestro de Desarrollo viola la Ley del Aeropuerto y su reglamento, dijeron los abogados especialista en derecho aeronáutico, Rogelio Rodríguez Garduño y Pablo Casas Lías, a Aristegui Noticias.

Además, el desvío de la TUA pone en riesgos a los usuarios, ya que -según la ley- estos recursos deben ser destinados para el mantenimiento, modernización e inversión del AICM. Incluso, Alejo Botello, subdirector de Finanzas del aeropuerto, dijo al medio antes citado que, le preocupa ocurra un accidente “grave” por la falta de mantenimiento a la pistas, aviones y aparatos para el monitoreo adecuado de los despegues y aterrizajes.

La periodista presenta una serie de comparativos que podrían ilustrar la dimensión de la deuda, pues los 196 mil millones equivalen a “30 años del presupuesto programado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el propio aeropuerto capitalino para 2024; a mil 187 millones de vacunas Covid al precio que las compró el Gobierno Federal; a 37 años de presupuesto para el Senado de la República; a 181 años de presupuesto para el INAI o a 32 años del presupuesto asignado este año a la Suprema Corte de Justicia de la Nación″, describió Diez Gutiérrez.

Delito que pudieron haber cometido, según expertos

Al cierre de 2023, el AICM habría cedido 47 mil millones de pesos para pagar “una deuda que solicitó otro concesionario y una cancelación que decidió el Titular del Poder Ejecutivo”, calcula Aristegui Noticias.

“A ojos de Rogelio Rodríguez, abogado constitucionalista y experto en derecho aeronáutico, el uso de la TUA para el pago de la deuda del NAIM engloba las características para ser investigado por el delito de peculado previsto en el artículo 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, se lee en la investigación realizada por Regina Diez.

Por ello, los servidores públicos que conforman el Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) podrían ser juzgados por comprometer la TUA del AICM para el pago de la deuda del aeropuerto cancelado, en lugar de usarlo para mejorar a la base aérea más importante del país.

“Me preocupa la parte aérea”

El desvío de los recursos compromete a los pasajeros, tanto en las operaciones terrestres como en el aire, pues la escasez de los recursos por el pago de una deuda por la cancelación del aeropuerto de Texcoco impide reparar y mantener las instalaciones aéreas.

Alejo Botello, subdirector de Finanzas del AICM, subrayó a Aristegui Noticias, que uno de los campos que más le preocupa es la parte operativa aérea, donde “puede suceder algo más grave (...) un accidente más grande”.

Sin embargo, la parte operativa terrestre también muestra un deterioro, pues cientos de pasajeros han documentado las condiciones de las instalaciones del AICM, que va desde goteras, techos colapsados, mala higiene, entre otros.

Cabe recalcar que el Programa Maestro de Desarrollo del AICM 2022-2026 señala cuáles serían las obras que debería estar obligado a ejecutar para beneficiar a los usuarios.