En la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, un individuo identificado hasta el momento como César “N”, de aproximadamente 44 años, ingresó al recinto portando un cuchillo atado a un palo de madera. Este individuo logró evadir los controles de seguridad establecidos y se dirigió al Altar Mayor, donde se desarrollaba la eucaristía.
En el transcurso de la celebración religiosa, el rector de la Catedral fue objeto de un intento de agresión con arma blanca por parte del sujeto. La respuesta por parte de los elementos de seguridad de la Catedral y de la Guardia Nacional permitió detener al agresor, procediendo a su expulsión de la catedral, para impedir que se registrara otro ataque contra los involucrados.
Posteriormente, César “N” fue entregado a las autoridades capitalinas, siendo presentado ante el Ministerio Público de la alcaldía Cuauhtémoc para proseguir con su situación legal tras el intento de ataque contra la figura religiosa.
Emitió comunicado
La Catedral Metropolitana emitió un comunicado donde expresó su agradecimiento por la pronta reacción de los elementos de seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Guardia Nacional.
En medio del incidente, se hizo un llamado a los feligreses a elevar sus oraciones por la paz en la Ciudad y el país, destacando la necesidad de poner fin a los actos violentos dirigidos tanto contra los miembros de la Iglesia Católica como contra la sociedad en general.
Junto a los custodios de la Catedral, también se presentaron en el lugar elementos de la Guardia Nacional, cuya colaboración fue reconocida por las autoridades eclesiásticas.
En el mismo comunicado, la Catedral hizo un llamado a la comunidad a orar por el cese de la violencia dirigida contra los miembros de la Iglesia y la sociedad en general.
Penas por ataque
El Código Penal de la Ciudad de México establece que quien ataque a otra persona de manera que pueda causar lesiones o la muerte por arma blanca enfrentará penas de seis meses a dos años de prisión y de treinta a sesenta días multa.
Una disposición legal similar se encuentra en el Estado de México, donde las penas por un ataque que pueda resultar en lesiones o muerte se sitúan en el mismo rango, al mismo tiempo que se establece un control de penas máxima de dos a tres años, dependiendo si el afectado tuvo más lesiones en el proceso, sumado a la compensación económica del ataque.
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