Un grupo de más de 80 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá Chiapas, pretendía iniciar una protesta en el Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez y fueron cercados antes de llegar al recinto por miembros de la policía antimotines del Estado. Las fuerzas del orden que estaban compuestas por granaderos y tanquetas, impidieron que el contingente avanzará o iniciará un posible enfrentamiento.
La razón de la movilización se centraba en la exigencia de los estudiantes al Gobierno del Estado de retirar las 95 carpetas de investigación que se habían integrado contra miembros de su comunidad, tras un incidente ocurrido en 2021 en el que tomaron una caseta de cobro en Tuxtla Gutiérrez con el motivo de realizar el examen de admisión a la normal de otra manera diferente a la presencial, luego de esto fueron detenidos los normalistas siendo acusados de pandillerismo y daños a la nación.
Tras haber sido frenados en su marcha, los estudiantes denunciaron que las autoridades comenzaron a disuadirlos con gases lacrimógenos a lo que los encapuchados de su contingente respondieron con bombas molotov y lanzaron a las fuerzas del orden las piedras que encontraron en su camino.
El saldo total fue de un elemento de la policía antimotines con quemaduras de tercer grado, derivadas de haberle explotado de frente una bomba molotov, un ataque de psicosis por parte de una elemento del cuerpo de granaderos y tres normalistas con diversas heridas ocasionadas por los enfrentamientos con los uniformados. Asimismo, 20 estudiantes resultaron intoxicados derivados de la inhalación de los gases que usaron las autoridades para el repliegue
El inicio del descontento se remonta al año 2021 cuando a raíz de la petición de realizar los exámenes de admisión a la normal de manera diferente a la presencial, ante el transcurso de la pandemia de la COVID-19. Lo cual tuvo una negativa por parte de la Secretaría de Eduacación Pública del Estado y se les obligó a asistir, motivo por el cuál realizaron una protesta en la que fue tomada una caseta y más de 90 estudiantes fueron detenidos y posteriormente liberados.
No obstante, nunca existieron diálogos concordantes con el gobernador para cambiar la situación legal de sus compañeros, luego de presentar la petición de eliminar las carpetas de investigación que involucran al casi centenar de jóvenes. Los que fueron liberados, varios días después se les aplicó prisión domiciliaria y cada 10 días deben acudir al penal a firmar.
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