
En agosto de 2022 la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche presentó ante la Cámara de Diputados una declaratoria de procedencia contra el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, con la cual se buscaría llegar a un juicio político y así investigar su posible participación en los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Fue el fiscal de la entidad, Renato Sales Heredia, quien acudió al recinto legislativo de San Lázaro para explicar que el procedimiento contra el también presidente nacional del tricolor tiene que ver con la adquisición de una mansión —valuada en más de 130 millones de pesos— que habría construido durante su paso como gobernador de la entidad entre 2015 y 2019.
De acuerdo a la explicación que dieron, en las declaraciones patrimoniales del legislador existirían una desproporción entre sus ingresos y las propiedades que dice poseer; sin embargo, descartó que sea una especie de persecución política tras la difusión de audios comprometedores en El Martes del Jaguar, un espacio de información que encabeza la gobernadora del estado, Layda Sansores San Román.

Días más tarde, el vicefiscal Anticorrupción de Campeche, Loreto Verdejo Villacís, ratificó la solicitud y entregó los documentos necesarios que integran la carpeta de investigación contra el priista, con lo cual se daría paso a la conformación de la Sección Instructora para que citen a los involucrados para declarar, ofrecer pruebas y más.
Presuntamente en diciembre del año pasado debió de haber sido la primera sesión de la Sección Instructora en donde llamarían a todos los involucrados para conocer más del caso; sin embargo, es importante aclarar que ésta sí se conformó, pero no se debatió algo respecto a dicho caso.
Incluso el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, explicó que el tema se atendería conforme a los tiempos legislativos: “A más tardar el 15 de diciembre, las y los integrantes de la Sección Instructora deberán solicitar ya pasar a la siguiente etapa (...) la etapa de alegatos”.
¿Qué ha pasado hasta el momento?

A casi un año de la fecha que se dio para que la sección analizara el caso, el líder priista vivió otro cateo por parte de elementos de la Fiscalía de Campeche en una de sus propiedades el pasado mes de julio, además de una investigación en, al menos, 29 de sus propiedades, de las cuales 22 estarían presuntamente ligadas a un caso de prestanombres.
Ante este panorama, Moreno Cárdenas negó que las propiedades analizadas por la fiscalía fueran de su propiedad, por lo que calificó a los actos como una farsa y una simulación. Incluso, declaró que la FGEC se habría convertido en un instrumento de presión y persecución.
“Estos ataque llegan en una época en la que están ocurriendo definiciones importantes para el futuro de la nación y son una muestra clara y contundente de la cobardía y la desesperación que impera en la Presidencia de la República”, redactó en un comunicado de prensa.
¿Qué sigue pendiente en San Lázaro?

De acuerdo al procedimiento de juicio político que explica la propia Cámara de Diputados, queda pendiente conocer si la Sección Instructora consideró la existencia de algún delito qué perseguir contra Alito Moreno, en caso de que sea negativo el dictamen, el proceso concluiría ahí.
Sin embargo, si es afirmativo el caso pasará al pleno, en donde los integrantes de la legislatura deberán debatir si es necesario retirar el fuero con el que cuentan los legisladores para que pueda ser procesado, lo cual debe de ser declarado por mayoría simple, de acuerdo al artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Desde septiembre de 2022 y hasta el momento, son cuatro los miembros de la sección instructora de la Cámara de Diputados: Jaime Humberto Pérez Bernabé (Morena), Leonel Godoy Rangel (Morena), Humberto Moreira (PRI) y José Elías Lixa (PAN).
Algunos no estuvieron de acuerdo con la conformación del grupo, debido a que consideraron que en temas como el de Moreno Cárdenas podrían quedar sin resolverse, puesto que el priista presuntamente podría tener dos votos a favor y dos en contra.
Por lo que sólo resta esperar a que la sección decida analizar el tema de Campeche y votar si el tema podría considerarse en el pleno.
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