Condenaron a 90 años de prisión a militares que asesinaron a dos estudiantes del Tec de Monterrey en 2010

Cinco militares fueron sentenciados a 90 años de prisión por el asesinato de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Tecnológico de Monterrey, ocurrido hace más de 13 años.

El juez José Reynoso Castillo, del juzgado cuarto de distrito de Nuevo León, dictó lo que es la primera sentencia en el caso, en donde los militares fueron encontrados culpables del delito de homicidio calificado con la agravante de ventaja.

Pese a que el juez dio una condena de 90 años a los involucrados, el sistema sólo permite el cumplimiento de 60 años. Esta situación se suma a que aún están pendientes condenas por otros delitos como robo de identidad, abuso de autoridad y exceso de la fuerza.

De los sentenciados, tres se encuentran actualmente en una cárcel militar, dos en una cárcel de Nuevo León. Un sexto implicado que está procesado se encuentra en calidad de desaparecido.

En conferencia de prensa, Rosy Mercado y Joel Medina, padres de Jorge, advirtieron que aún falta castigar a toda la cadena de mando que participó en los hechos ocurridos el 19 de marzo de 2010 en el campus central del Tec de Monterrey.

“Lo vemos como una victoria porque que un juez determine que los militares asesinaron a Jorge y Javier, para nosotros es una victoria, porque nosotros lo decíamos [...] pero había gente que nos decía que inculpábamos a gente inocente”, dijo Rosy Mercado.

La familia Mercado Medina subrayó que la justicia llegó después de dos jueces, un cambio en el sistema penal y el paso de dos administraciones. Asimismo, recordaron que en el camino fallecieron los padres de Javier.

La mamá de Jorge Mercado también hizo un llamado a las madres que buscan justicia por sus hijos y las instó a nunca dejar de creer que pueden llegar a la verdad y castigar a los culpables.

“Madres que luchen por sus hijos que por algún motivo perdieron igual que Jorge o Javier, No importa los años que hayan pasado, se puede llegar a la justicia”, dijo.

Por su parte el colectivo “Todos somos Jorge y Javier” calificó como un “triunfo” que a través de las instituciones civiles se logre procesar violaciones graves a los derechos humanos cometidos por el Ejército. De igual forma apuntaron que se trata de una victoria para la memoria y la verdad.

Un caso que marcó el sexenio calderonista

Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo eran ingenieros en mecatrónica originarios de Saltillo, Coahuila. El primero cursaba la maestría en Ciencias, mientras que el segundo el doctorado en Ciencias de la Ingeniería en el Tec de Monterrey.

La noche del fatídico día, los dos estudiantes reconocidos por su excelencia académica se quedaron en la biblioteca hasta tarde para estudiar.

México, bajo el mando del presidente Felipe Calderón Hinojosa, se encontraba en guerra declarada al narcotráfico, por lo que era frecuente que en muchas ciudades, entre ellas Monterrey, hubiera diversos enfrentamientos entre los militares y supuestos integrantes de organizaciones delictivas.

Ese 18 de marzo de 2010, se registraba un enfrentamiento armado entre tres camionetas de miembros del crimen organizado y soldados de la Séptima Zona Militar en Nuevo León del Ejército Mexicano, luego de que una llamada anónima alertó de dos mujeres secuestradas en un predio.

Sin embargo, los delincuentes lograron huir y fue en el cruce de la avenida Garza Sada y Fernando García Roel que se volvió a registrar un enfrentamiento.

En tanto Jorge Mercado y Javier Arredondo salieron del campus para cenar y abandonaron las instalaciones a las 0:38 horas del 19 de marzo, y volvieron a entrar y salir por el mismo acceso entre esa hora y las 00:59 mientras ocurría el segundo enfrentamiento.

Según los peritajes, Jorge recibió seis disparos, dos de los cuales fueron realizados a una distancia corta; en tanto que Javier presentó siete heridas de bala Además, ambos cuerpos presentaban golpes graves propinados cuando aún estaban vivos. Además de los estudiantes, dos ciudadanos que iban a bordo de una camioneta también fallecieron en el fuego cruzado.

Según las primeras declaraciones de los elementos del Ejército, acusaron a los jóvenes de haber sido sicarios, situación que también fue incrementada por los medios de comunicación que los criminalizaron al asegurar que los estudiantes iban “armados hasta los dientes”.

Tiempo después se comprobaría que los militares los mataron cerca del campus, manipularon la escena del crimen para colocarles armas e impidieron que las autoridades acudieran al sitio.

Fue hasta el año 2019, ya bajo el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, admitió que los jóvenes eran inocentes y que habían sido revictimización, por lo que ofrecieron una disculpa pública a los familiares.