Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, aseguró que la participación del crimen organizado en anteriores elecciones obliga a tomar medidas de cara al proceso electoral 2023 - 2024, entre ellas el establecimiento de un mapa de riesgo.
El también exgobernador de Coahuila indicó durante su participación en la Tercera Reunión de Colaboración Institucional con las Salas Regionales que es necesario implementar un protocolo de cara a las elecciones del próximo año.
Dentro del protocolo, dijo, deberá incluirse este mapa de riesgos para los candidatos y candidatas, sino también un apartado sobre información para la ciudadanía y un observatorio y un comisionado de tipo electoral que en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) den seguimiento a lo que ocurre durante la jornada electoral.
Sobre los partidos políticos, consideró que estos deben estabecer su postura en contra de la delincuencia organizada.
“Tenemos que hacer que los partidos tomen una posición pública en contra de la delincuencia, y eso incluye hasta darle seguimiento a propuestas engañosas que hacen apología del delito, porque dejan en desventaja a los otros”, enfatizó.
Mientras que en el plano de la seguridad, consideró importante que se lance una convocatoria no sólo a instituciones de gobierno que participan en ella como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército y la Guardia Nacional, sino que se debe involucrar también a los gobernadores de los estados.
Moreira Valdez consideró que estas acciones deben llevarse a cabo debido a la ola de inseguridad que permea en el país, y que ha generado “un número de homicidios increíbles”.
De acuerdo con el legislador priistas, es ante este tipo de factores que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son dos actores fundamentales de la democracia, pues no son simples operadores, sino instituciones que han cambiado el acontecer de las elecciones.
Para el caso de la presencia del crimen organizado en los comicios, consideró que ambas instituciones deben pensar en convenios con autoridades encargadas de la seguridad para blindar los procesos electorales.
Y es que advirtió que desde su experiencia, el crimen organizado primero trata de obtener ganancias de manera ilícita, como la venta o el tráfico, para después sumarse a la economía de regiones hasta pretender fungir como Estado, prometiendo obras a los ciudadanos, así como obras para las comunidades.
Rubén Moreira indicó que este tipo de situaciones es vista ya en algunos estados, como lo es el de Michoacán.
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