El poder corruptor del narco: los informantes de la DEA que se han pasado al otro lado

En una carta dirigida a la fiscal adjunta del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Lisa Oudens Monaco, con fecha del 21 de agosto, el senador republicano Chuck Grassley dio a conocer que dos informantes de la DEA habían sido ejecutados por el cártel de Los Chapitos.

El senador Grassley incluso señaló la incomunicación y el recelo de la agencias de inteligencia estadounidenses para colaborar entre ellas como uno de los factores que propiciaron la doble ejecución de los miembros del Cártel de Sinaloa que aparentemente daban información sensible a la DEA a espaldas de la organización criminal.

Sin embargo, no ha sido el único caso que involucró a informantes y puso en tela de juicio el actuar de agencias estadounidenses como la DEA, el FBI y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Concretamente, en los últimos diez años al menos siete informantes que trabajaban en secrecía con agencias estadounidenses participaron en operaciones de tráfico de droga, extorsiones e incluso ejecuciones, todo ello con el conocimiento pleno de las autoridades estadounidenses.

Uno de los casos más notables fue el de Guillermo Eduardo Ramírez Peyro, un ex policía de Caminos y Puentes Federales (Capufe) que en 1995 decidió pasarse al otro bando para hacerse rico.

A partir de ese año, al mismo tiempo que vigilaba las carreteras del país, Ramírez Peyro colaboró con el Cártel de Juárez, que en aquel entonces era encabezado por Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”, el capo mexicano que llegó a contar con las más grande flota de aviones—al menos 30, incluidos algunos Boeing 727— para llevar cocaína desde Sudamérica hasta los Estados Unidos.

Pero en 2001, cuatro años después de la muerte de Carrillo Fuentes, Ramírez Peyro traicionó al Cártel de Juárez y comenzó a colaborar en secreto con la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), provocando con sus aportaciones la caída de hasta 50 miembros de la organización criminal, entre ellos un lugarteniende de alto vuelo identificado como Heriberto Santillán Tabares.

El narcotraficante y funcionario mexicano de Capufe logró extraer información sensible del Cártel de Juárez para entregarla al gobierno estadounidense, de acuerdo con un documento de la corte de apelaciones del Distrito Ser de Florida consultado por Milenio.

Mientras colaboraba con el ICE, Ramírez Peyro, bajó las órdenes de Santillán Tabares, se involucró en torturas y ejecuciones de rivales del cártel, cuyos cuerpos fueron enterrados en una casa ubicada en las inmediaciones del Rïo Bravo apodada “La Casa de los Entierros” o “La Casa de los Muertos”.

El hecho más escándaloso ocurrió en 2003, cuando Ramírez Peyro recibió la órden de Santillán Tabares de ejecutar a un abogado identificado como Fernando Reyes, pues supuestamente un agente del ICE se enteró del encargo y además le pidió a Ramírez Peyro que le marcara por teléfono al momento del crimen para escuchar cómo se desarrollaba en tiempo real.

Supuestamente el Ramírez Peyro cometió 13 asesinatos más con conocimiento pleno de la agencia, cuyos agentes incluso lo apodaban “Lalo” o “SA-913-EP”.

Ramírez, con el amparo de las agencias de EEUU, se mantuvo en calidad de testigo protegido varios años y percibió hasta 220 mil dólares por su trabajo, hasta que en 2020 las autoridades lo acusaron por posesión y distribución de cocaína.