Jueza negó amparo contra Sedena por ocultar información en caso Ayotzinapa

Por una aparente falta de elementos, una jueza federal le negó a Cristina Bautista Salvador un amparo que había promovido en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por omisiones en la investigación por el caso Ayotzinapa.

Cristina es madre de Benjamín Asencio Bautista, uno de los 43 jóvenes que fueron desaparecidos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. A casi nueve años, pese a la imparable lucha que han sostenido, las familias no tienen noticias sobre el paradero de los muchachos.

Por esta razón, Bautista Salvador promovió un amparo contra el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) de la Sedena asentado en Iguala. No obstante, el recurso le fue negado por Sandra de Jesús Zúñiga, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

La colegiada consideró que el amparo no podía proceder debido a la insuficiencia de pruebas presentadas, según detalló la información compartida por El Universal.

“De modo tal que en el caso concreto, con fundamento en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional en ******** términos precisados con antelación”, pudo leerse en el dictamen recuperado por el citado medio.

De acuerdo con la descripción ofrecida por el Gobierno Federal, los CERFIs son las instancias encargadas de la distribución de información alusiva a las actividades de la delincuencia organizada.

Sin embargo, tanto las familias de los 43 jóvenes como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) han acusado a estos centros de ocultar información sobre el seguimiento realizado aquella trágica noche en Iguala.

Por su parte, otro de los casos relevantes en los que ha participado Sandra de Jesús Zúñiga fue el de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, cuando diversas investigaciones y análisis especializados apuntaron a la comisión de plagio en su tesis de licenciatura.

En febrero de 2023, De Jesús Zúñiga fue la jueza que le otorgó una suspensión a Esquivel para impedir que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) difundiera información sobre las indagatorias, pues podría afectar la presunción de inocencia de la ministra.

Al mes siguiente, la jueza concedió otra suspensión con la que la casa de estudios se vio imposibilitada para emitir una resolución respecto al caso.