
La sesión agendada para el 9 de agosto en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había generado gran expectativa, pues se tenía contemplada la discusión de un proyecto que pretende despenalizar el aborto en el estado de Aguascalientes. Sin embargo, esto no ocurrió.
El proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá se deriva del amparo 79/2023, impulsado por organizaciones civiles para invalidar los artículos del Código Penal de Aguascalientes que criminalizan a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
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La iniciativa llegó a la Primera Sala del la Corte el 20 de junio y se tenía previsto que fuera analizada el día 28 de ese mismo mes. Sin embargo, fue enviada a la lista de asuntos pendientes y se fijó el 9 de agosto como la fecha para su debate. No obstante, la historia se repitió y, hasta el momento de la presente publicación, no se ha determinado cuándo se llevarán a cabo las deliberaciones correspondientes.
Tras este último aplazamiento, activistas defensoras de los derechos de las mujeres denunciaron que los ministros de la SCJN estarían ignorando un serio problema para las mujeres en Aguascalientes y acusaron al ministro Arturo Zaldívar de ser el responsable de retrasar la discusión.
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“Desde el 28 de junio el asunto lo mandan a lista y eso da espacio a que los grupos fundamentalistas continúen con sus ataques, no solo a nosotras, este riesgo también es para las mujeres y personas gestantes que al tener un aborto siguen siendo criminalizadas”, escribió en sus redes sociales Angie Contreras, integrante de Cultivando Género, una de las asociaciones civiles promoventes del amparo.
“Le hacemos un llamado a @ArturoZaldivarL porque ha estado bloqueando y mandando a lista la discusión para declarar inconstitucional el código penal que criminaliza el aborto en #Aguascalientes. Eso no es muy Taylor Swift, ni de aliado feminista”, fue otra de las críticas vertidas en redes sociales contra Zaldívar.
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Además de Cultivando Género, a la iniciativa para detener la criminalización del aborto el Aguascalientes se sumaron los colectivos Morras Help Morras, TERFU AC, CECADEC y Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
El proyecto del ministro Alcántara Carrancá considera que dejen de ser aplicables varios párrafos de los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal Estatal, en los que se considera “aborto doloso” a la “muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.
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Aunado a ello, la legislación local vigente establece que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo pueden recibir condenas de entre uno y tres años de prisión. En caso de que el procedimiento sea realizado por una persona especialista en Medicina, esta también puede ser castigada con una suspensión de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión.
Si la propuesta del ministro es avalada por la SCJN, Aguascalientes se convertiría en el estado número 13 en despenalizar el aborto en México y sería el segundo, después de Coahuila, en que la modificación legal sería motivada por una sentencia de la Suprema Corte.
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Además, si este proyecto terminara con la criminalización del aborto, el de Aguascalientes sería el primer caso en que un grupo de asociaciones civiles consiguen tal cometido en el país.
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