El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza determinó que una de las obras más importantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que es el Tren Maya y se está construyendo, ocasiona un supuesto etnocidio en la zona sur del país.
A través del informe del Tribunal Internacional, señaló que la construcción del Tren Maya se da “la violación de los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo maya, quienes han sido y continúan siendo guardianes de su territorio, cenotes, cuevas, selvas, biodiversidad y cultivos tradicionales”.
Además considera un crimen de ecocidio y etnocidio, “y el Tribunal responsabiliza al Estado mexicano”, se lee en el informe.
¿Qué es el etnocidio?
En la Declaración de Costa Rica sobre Etnocidio y Etnodesarrollo en América Latina, fue aprobada el término de una reunión organizada entre el 7 y el 11 de diciembre de 1981 por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), con el auspicio de la UNESCO.
En dicha declaración, el etnocidio significa que un grupo étnico, colectiva o individualmente, se le niega su derecho de disfrutar, desarrollar y transmitir su propia cultura y su propia lengua, “implica una forma extrema de violación masiva de los derechos humanos, particularmente del derecho de los grupos étnicos al respeto de su identidad cultural”, se lee.
La problemática de la pérdida de la identidad cultural de las poblaciones indias de América Latina. Este proceso complejo, que tiene raíces históricas, sociales, políticas y económicas, ha sido calificado de etnocidio.
Por lo cual, se ha señalado que el Tren Maya ocasiona la contaminación de acuíferos, la deforestación, ya que se calcula que son 10 millones de árboles talados y ocasionará la extinción de flora, fauna y la destrucción de cenotes.
Por igual, los derechos de las comunidades indígenas, ya que no fueron consultados para saber si estaban de acuerdo para que la obra cruzara por sus territorios y que al final se diera una militarización, ya que la supervisión de la obra quedó en manos de la Guardia Nacional.
Por igual, se pidió que se realizará una auditoría independiente del gobierno, en colaboración con comunidades afectadas, para evaluar los impactos de la obra; reparar y restaurar los ecosistemas afectados; y suspender la expropiación de tierras ejidales.
La obra contempla mil 554 kilómetros de vía para un tren que será dividido: turístico, carga y pasajeros locales. El recorrido será por las entidades del sureste del país: Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, con una inversión de los 359 mil 863.3 millones de pesos, hasta marzo del 2023.
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