
Derivado del incendio ocurrido la noche del 27 de marzo en una estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación para dicho órganos administrativo, así como para las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) por considerar que hubo violaciones graves a los derechos humanos.
En el documento con folio 111VG/2023, la CNDH argumentó que el INM no cumplió con su labor de garantizar los derechos “al trato digno, a la vida, a la integridad y seguridad personal” de las 40 personas migrantes que murieron a causa del siniestro y las 27 que resultaron lesionadas.
Las afectaciones a los derechos de las víctimas, según la recomendación de la CNDH, comenzaron desde el momento en que fueron detenidos y “alojados” de manera irregular en las instalaciones, pues existió una privación de su libertad bajo el argumento de mantenerlos en espera de resolver los procesos administrativos correspondientes.
Los testimonios recabados por la Comisión, y expuestos anteriormente como parte de la investigación, detallaron que el grupo de migrantes detenidos le reclamó al personal de seguridad por la falta de comida y agua durante su estancia.

Un guardia de seguridad, además, explicó que alrededor de las 18:00 horas, cuando era momento de darles de cenar, la comida fue insuficiente. Además, al consultar la situación de desabasto de agua con una agente migratoria, esta le respondió que “llenara los garrafones con agua de la llave”.
A esto se sumó que, al percatarse del incendio, tanto el personal de seguridad como los agentes del INM decidieron no abrir la puerta de la celda y abandonaron a los migrantes en medio de las llamas. Las omisiones de los guardias privados serían también responsabilidad del Instituto, pues fue este órgano el que contrató a la empresa que debía resguardar a las víctimas.
Otra inconsistencia en la actuación del INM denunciada por la CNDH fue que no contaba con un registro adecuado del número e identidad de los migrantes retenidos en la estancia, pues se había informado que el 27 de marzo había 68 personas, cuando en realidad había 67.
Por tales motivos, la CNDH solicitó al INM que localice a las víctimas lesionadas y les proporcione, de manera gratuita, la atención médica y psicológica especializada que requieran, ya sea en sus países de origen o en donde radiquen, hasta su total sanación.

Aunado a ello, para garantizar la no repetición de este tipo de violaciones a los derechos humanos, el INM deberá impartir un curso de Protección Civil a todos sus funcionario de la Oficina de Representación en Chihuahua, así como al personal de la empresa privada de seguridad que preste sus servicios en las instalaciones migratorias.
En cuanto a la Segob, que es la institución encargada de diseñar las políticas migratorias del país, deberán implementar un mecanismo de supervisión, control y verificación permanente en las estaciones migratorias, así como llevar un registro nacional de personas en contexto de movilidad humana que ingresen a dichos establecimientos.
Finalmente, la CNDH recomendó a la persona encargada de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM) de la SRE que diseñe una estrategia de coordinación y responsabilidad que garantice el respeto a los derechos humanos.
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