AMLO defiende a Ignacio Ovalle ante acusaciones de corrupción en Segalmex: “Confió, lo engañaron”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del exdirector de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle ante señalamientos que lo vinculan con el desvío de recursos por más de 15 mil millones de pesos.

Al arrancar su conferencia de prensa matutina de este jueves, el mandatario tabasqueño afirmó que el error del encargado del organismo fue haber confiado en “gente con malos antecedentes”, que lo engañaron al consolidar contratos con empresarios corruptos.

“Nos dolió mucho este fraude”, reconoció el primer mandatario y recordó que tras haber sido informado del desfalco millonario dio la instrucción inmediata de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Me dolió”, admitió, pues el objetivo de la institución era restablecer los precios de garantía, creadors durante la administración de Lázaro Cárdenas, para pagar bien a productores del campo productos como arroz, frijol y leche.

Antes y, luego de lamentar el desfalco millonario, López Obrador consideró que se trata del “único” caso de corrupción enfrentado por su administración, por lo que advirtió que no van a dejar el tema de lado hasta aclararlo y que lo llevarán hasta las últimas consecuencias.

“No queremos que quede ninguna mancha, porque este gobierno no permite, no tolera, la corrupción ni la impunidad. (...) No queremos que esto se quede sin ser aclarado completamente”, sentenció.

SFP niega daño patrimonial

Por separado, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, presentó datos sobre el desvío de recursos en Seguridad Alimentaria Mexicana y contradijo los datos presentados por la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), al afirmar que la cifra de 15 mil millones de pesos no es precisa y “no tiene fundamento”.

Apuntó que en agosto de 2022 los actos de fiscalización dieron lugar a “observaciones” relacionadas con 9 mil 500 millones de pesos, de los cuales 6 mil fueron señalados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y 3 mil 500 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con Salcedo Aquino, son montos pendientes por aclarar, por lo que las observaciones no pueden ser consideradas daños patrimoniales “hasta en tanto no se hubiesen agotado las instancias previstas para su aclaración, documentación o resarcimiento de daños”.

“Las observaciones son conclusiones preliminares de lo que los auditores tuvieron a la vista y que requieren mayor información, evidencias aclaraciones y precisiones para solventarla o para dejar en firme una presunta responsabilidad”, argumentó el funcionario.

Indicó que hay nueva documentación bajo análisis y detalló que han recibido más; por ello, a decir de Salcedo Aquino, se espera que el monto señalado pueda reducirse y que todo lo que no logre aclararse será investigado para determinar si se trató de una falta administrativa graves.

Al momento hay 37 expedientes en la Función Pública, pero “los montos observados no pueden ser observados como daños patrimoniales hasta que se emita la resolución por parte de la autoridad competente”, subrayó.

Suman 87 personas denunciadas por corrupción

En tanto, el el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Félix Arturo Medina Padilla, indicó que desde enero de 2022 se creó un grupo de trabajo conformado por diversas dependencias con el objetivo de fortalecer los expedientes sobre corrupción en Segalmex.

Desde Palacio Nacional, informó que se han presentado 69 denuncias ante la FGR, 55 por Segalmex, Diconsa y Liconsa; 4, por la PFF; 9 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y 1 por la SFP, con las que buscan dar con los responsables de delitos relacionados con el uso ilícito de facultades y atribuciones, defraudación fiscal, captación irregular de recursos, enriquecimiento ilícito, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Por esos delitos, abundó, se han denunciado a 87 personas, entre ellos 41 exservidores públicos y 46 dueños, socios, representantes, accionistas y abogados de empresas vinculados con los hechos delictivos.