Ratifican a Raciel López Salazar como fiscal interino de Quintana Roo pese a presuntos vínculos con el narco

El nombre de Raciel López Salazar ha resonado en los últimos años como el de uno de los personajes más polémicos y controversiales de la política mexicana tras haber sido señalado en múltiples ocasiones de mantener nexos con miembros del crimen organizado. Pese a ello, el pasado lunes 26 de junio la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, lo designó como fiscal interino de la entidad.

Tras la renuncia de Óscar Montes de Oca, la militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ratificó a López Salazar como el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) basándose en su trayectoria en la administración pública y es que, además de ser Doctor en Ciencias Jurídico Penales por el Instituto de Estudios Superiores “Manuel de José Rojas”, se ha desempeñado como Delegado Estatal en Quintana Roo de la Fiscalía General de la República (FGR), Delegado Estatal en el Estado de México, titular de la Procuraduría del Estado de Chiapas y Secretario de Seguridad Pública en el estado de Puebla.

Aunque su carrera política lo llevó a ser considerado como el candidato ideal para el puesto, su salida de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Puebla dejó múltiples interrogantes sobre la relación que Raciel López Salazar presuntamente tuvo con miembros del crimen organizado.

Las acusaciones del exgobernador Miguel Barbosa

En abril de 2021 Raciel López Salazar abandonó el puesto de Secretario de Seguridad Pública de Puebla. Aunque no es claro si renunció o fue despedido, lo que generó gran controversia tras su salida fueron las declaraciones que el fallecido exgobernador del estado, Miguel Barbosa, realizó sobre su desempeño.

Y es que, en más de una ocasión, Barbosa señaló al ex secretario de construir una “mafia” a través de la cual incurría en actos de corrupción en los centros penitenciarios del estado de Puebla. Del mismo modo, el fallecido exgobernador afirmó que López Salazar encabezaba un grupo conocido como “Los Chiapanecos”, quienes eran sus “hombres de confianza” encargados de cometer múltiples irregularidades.

Fue así como, tras su salida de la Secretaría de Seguridad Púbica, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla inició investigaciones en contra de sus mandos de confianza por delitos que iban desde abuso de autoridad, extorsión y otros de alto impacto.

Incluso se mencionó de forma extraoficial que la renuncia de Raciel López Salazar de su cargo fue porque se descubrió que su personal de confianza dio instrucciones a mandos estratégicos de la Secretaría de Seguridad Pública para “limpiar la plaza” para beneficiar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal a la que también ha sido vinculada Mara Lezama -gobernadora de Quintana Roo- de acuerdo con investigaciones del periodista Alfredo Griz.

En 2021, Adalberto Comparán Rodríguez -quien se desempeñó como Alcalde de Aguililla, Michoacán- y Alfonso Agustín Rustrián -ex director General de Administración de la Secretaría de Seguridad de Puebla- fueron detenidos en Guatemala tras ser acusados de conspirar en el tráfico de más de 500 kilogramos de metanfetaminas a Estados Unidos.

Alfonso Agustín Rustrián desempeñó su cargo en la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla durante el tiempo que Raciel López Salazar fue titular de la dependencia, por lo que fue identificado como uno de sus hombres de confianza.

En dicha ocasión también fue detenida Judith Torres Vera, quien era directora de Vinculación y Prevención del Delito durante la gestión del ahora fiscal interino de Quintana Roo. La exfuncionaria pública fue señalada luego de que su hermano Eduardo Torres fue asesinado en el Río Suchiate cuando trasladaba drogas desde Guatemala a través de un grupo delictivo denominado como el “Cártel de Los Meléndez”.

Respecto a la corrupción en el Sistema Penitenciario de Puebla, el fallecido exgobernador Miguel Barbosa acusó a Raciel López Salazar de encabezar una red de extorsión y venta de privilegios en el penal de San Miguel, en donde supuestamente cobraban hasta 15 mil pesos en la renta de “suites” en donde además había la venta de alchol, y la entrada libre a sexoservidoras.