
El director general de Nacional Monte de Piedad, Javier de la Calle Pardo, advirtió que la institución podría irse a quiebra en 2027 debido a lo que calificó como prestaciones ostentosas incluidas en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), así como a sus cláusulas que impiden que el prestamista pueda ser más competitivo.
“Nuestro peritaje indica que quebraría en 2027. El del sindicato que en 2029. Ya no hay tiempo para el Monte de Piedad”, declaró el directivo en conferencia de prensa.
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Las declaraciones de De la Calle se dan en medio de un conflicto que sostienen la institución y sus trabajadores desde finales del año pasado por el CCT.
“Llegar a un acuerdo sensato con respecto al CCT, permitiría a Monte tener costos laborales adecuados, horarios actualizados, plantillas reales, puestos requeridos, y una mejor oferta para su clientela, con mejores horarios, sucursales de formato pequeño, y nuevos productos”, sostuvo el director.
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Prevé cierre rápido si no hay cambios al contrato
La institución sostuvo que el riesgo de quiebra es serio y está cercano, por lo que de no lograrse una transformación al CCT, la única alternativa sería un cierre rápido para poder liquidar a colaboradores y pagar a los pensionados.
Aseguró que el actual CCT establece prestaciones como 105 días de aguinaldo, solo 11 meses de trabajo, servicio médico privado y jubilación con tan únicamente 24.5 años de trabajo, entre otras.
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Agregó que contiene cláusulas rígidas que impiden que el Monte de Piedad sea más competitivo frente al descenso del volumen de operación del sector prendario, el peso más fuerte de la competencia, y el crecimiento de nuevas opciones de financiamiento que se ofrecen en el mercado.
Aseveró que la cúpula sindical no ha tenido apertura para dialogar, y que ha hecho una lectura imprecisa sobre las finanzas de la institución al asegurar que el costo del CCT no es grave, a pesar de que ello le podría costar el futuro al Monte de Piedad.
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“Es una lástima que el líder sindical, Arturo Zayún, haya decidido mostrar información incompleta y con una lectura fuera de contexto, de las finanzas del Monte reportadas en el portal del SAT”, apuntó.
“Él sabe, gracias a un peritaje que realizó, que Monte de Piedad podría quebrar esta misma década si no se hacen cambios significativos. A esta información que ha estado mostrando, le falta sumar las comisiones, los dobletes y bonos, y tampoco considera el servicio médico privado y las condiciones de jubilación, insostenibles en un mediano plazo”, añadió.
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“Costo del contrato representa 77.5% del costo laboral”
De la Calle informó que casi uno de cada dos pesos de lo que ingresa al Monte de Piedad se va al sindicato, pues el costo del CCT representa el 77.5% del costo laboral, el 57% del costo de operación, o el 46% del costo total de Monte de Piedad.
Cifras que, dijo, desmienten lo difundido por Arturo Zayún, el líder del sindicato mayoritario.
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El director sostuvo que la transformación del Monte de Piedad es necesaria para salvaguardar su objetivo como una institución social y asistencial, por lo que de lograrse los cambios en el CCT, la entidad seguiría apoyando por medio del empeño a una parte importante del tejido social, y aportando donativos y conocimiento a través de sus remanentes operativos a organizaciones civiles.
El líder sindical ha denunciado despidos injustificados como represalia a los trabajadores por buscar mejores condiciones laborales.
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También ha declarado que contrario a los argumentos de la institución, el CCT significa apenas una carga laboral del 11%, incluyendo prestaciones, según las declaraciones fiscales del Monte de Piedad.
Apoya a más de seis millones de familias
El cierre de Nacional Monte de Piedad afectaría a más de 1.2 millones de clientes, así como a las ONG que se benefician de sus donaciones y que atienden a un espectro de 1.2 millones de personas en temas como salud, educación básica, alimentación saludable y trabajo digno, de acuerdo con un comunicado de la institución emitido en mayo.
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Fundado en febrero de 1775, el organismo actualmente cuenta con más de 324 sucursales en todo el país y apoya a más de seis millones de familias a través de poco más de 600 instituciones de asistencia privada.
En el citado comunicado, la institución refiere que el CCT vigente se ha quedado en el pasado, y que actualmente es imposible de costear por sus altas prestaciones, que incluso exceden las de la mayoría de los mexicanos.
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