Investigación señaló a Ebrard por encabezar red de corrupción a un día de su renuncia como canciller

Un día antes de que Marcelo Ebrard Casaubon formalizara su renuncia al cargo como secretario de Relaciones Exteriores para poder postularse como uno de los candidatos de Morena a la presidencia del México, salió a la luz una investigación periodística sobre una supuesta red financiera de empresas constructoras que habría beneficiado al excanciller.

De acuerdo con la revista Contralínea, existen dos averiguaciones previas contra Ebrard Casaubon integradas en un mismo expediente que fueron abiertas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

Dichos procesos penales se originaron a raíz de una investigación encabezada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría General de la República (PGR) en el último período del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

“El expediente indica que a estas empresas el exjefe del gobierno capitalino les otorgó concesiones y permisos de terrenos, previamente expropiados con motivo de ‘utilidad pública’, para la realización de obras viales en las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, y la construcción de desarrollos inmoniliarios en la zona residencial de Santa Fe”, detalló la revista.

Según la investigación, la UIF calificó las operaciones como un “esquema de corrupción y presunto lavado de dinero”, pues supuestamente encontró pruebas como “transferencias interbancarias, depósitos y retiros por cientos de millones de pesos”.

Sin embargo, a pesar de las supuestas evidencias, en el último año de Peña Nieto la PGR determinó el “no ejercicio de la acción penal” en el expediente en el que presuntamente figura desfavorablemente Ebrard Casaubon.

Las averiguaciones

El 4 de mayo de 2015 y el 26 de enero de 2016, la UIF formuló ante la PGR dos denuncias de hechos. En la primera, la institución financiera reveló presuntas operaciones irregulares en las que habrían estado involucrados familiares de Marcelo Ebrard.

Dichos movimientos, según Contralínea, habrían sido interpretados por la UIF como elementos para establecer que las conductas desplegadas podrían ser “constitutivas del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Según la investigación, se efectuaron operaciones a través del sistema financiero por sumas considerables de dinero mediante transferencias electrónicas, y se hicieron operaciones de compra-venta de inmuebles edificados por empresas o personas morales que, al parecer, fueron beneficiadas por concesiones otorgadas por el gobierno del Distrito Federal.

También se habrían recibido recursos y bienes inmuebles por personas ligadas a Marcelo Ebrard, no solo a través de vínculos familares, sino también corporativos y financieros. Las autoridades sostienen tres hipótesis posibles del funcionamiento de esta red financiera.

La primera, presuntamente, habría funcionado mediante un “complejo” esquema de operaciones, o “contraprestaciónes”. Esto es, que las empresas constructoras involucradas “retribuyeron” activos a personas vinculadas a Ebrard Casaubon como un modo de ocultar transacciones con dinero al parecer ilícito.

Otra hipótesis de las autoridades fue que el dinero con el que se realizaron los pagos de los departamentos habría sido suministrados, aparentemente, por el mismo grupo de empresas.

La tercera teoría apuntaría a que las personas morales beneficiadas por concesiones y permisos habrían realizado una reducción a los precios de los inmuebles, los cuales fueron transmitidos a personas cercanas a Ebrard Casaubon.