La tragedia migrante de Ciudad Juárez, Chihuahua, trascendió, entre otros factores, por la negligencia de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y de una empresa privada encargadas del cuidado de los centroamericanos recluidos.
De acuerdo con el último informe de las autoridades del Gobierno de México, la Fiscalía General de la República (FGR) giró las primeras órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables al tiempo que la compañía particular ya se encuentra bajo investigación.
Y aunque las autoridades se han limitado a revelar la identidad de ésta, el periodista Carlos Loret de Mola afirmó que se trataría de la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. de C.V. (SEICSA), propiedad del cónsul honorario de Nicaragua, Elías Gerardo Valdés Cabrera.
El funcionario Valdés Cabrera fue designado como cónsul de Coahuila y Nuevo León en 2019 bajo el mando del dictador Daniel Ortega.
Desde entonces, señaló Latinus, el nicaragüense ha obtenido contratos millonarios con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que superarían los 3 mil millones de pesos. Esto, a través de los servicios de seguridad y espionaje industrial que SEICSA habría ofrecido a una veintena de dependencias federales, entre ellas la FGR, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Todos estos pactos se habrían consolidado a pesar de que la empresa ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por violar los derechos de los migrantes, subrayó el también columnista.
Sin embargo, destacó, la desgracia de Ciudad Juárez fungiría como un parteaguas en su historial de impunidad ya que cinco de sus elementos fueron presentados a declarar ante la Fiscalía como presuntos responsables, tal cual confirmó Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Incluso, Loret de Mola mencionó que el personal del SEICSA habría aparecido en el video (supuestamente compartido por el gobierno del estado de Chihuahua) el cual documentó el momento en que los elementos de seguridad dejaron encerrados a unos migrantes tras una explosión al interior o cercana a la celda.
Bajo dicho contexto, y en seguimiento al compromiso de “no proteger a nadie”, es que la titular de la SSPC adelantó que la compañía privada ya no podrá ofrecer sus servicios en México tras la tragedia.
Asimismo, declaró que también será investigada respecto al cumplimiento de requisitos y documentación para laborar en el centro migratorio: “Se va a hacer la revisión de la empresa, si se estaban cumpliendo con los requisitos, con los permisos correspondientes. (...) También cuáles eran las capacitaciones que se ve que no tenían ninguna capacitación estos guardias contratados por migración”, señaló.
“No fueron capaces de abrir una reja”, reconoció Gobierno
Rosa Icela Rodríguez reconoció en conferencia de prensa que se incumplieron los protocolos de Protección Civil (PC) por parte de los elementos de vigilancia que custodiaban la Estancia Provisional de Ciudad Juárez.
Desde Palacio Nacional, la funcionaria federal reprochó el delito grave por parte de las autoridades de no procurar el bienestar y seguridad de los centroamericanos recluidos.
En ese sentido, la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra, detalló que las primeras órdenes de aprehensión se giraron por los delitos de homicidio y daño a la propiedad ajena. Sin embargo, no descartó que también pudieran instruirse por abuso de autoridad o malos tratos.
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