
El secuestro el pasado miércoles 8 de marzo de cinco ciudadanos estadounidenses —y el asesinato de dos de ellos— en Matamoros, Tamaulipas, exacerbó un viejo debate en Washington sobre la posible designación de los cárteles como organizaciones terroristas.
El tema no pasó desapercibido de este lado de la frontera, pues para muchos analistas tiene un trasfondo más profundo: una eventual intervención militar de Estados Unidos en territorio nacional.
Desde que asumieron el control de la Cámara de Representantes, los republicanos han redoblado presiones hacia el gobierno de Joe Biden para que endurezca las políticas contra México por el tráfico de fentanilo, el opioide hasta 50 veces más potente que la heroína que está rompiendo récords de muertes por sobredosis en Estados Unidos.
Aprovechando la fragilidad diplomática que provocó la tragedia de Matamoros, los legisladores republicanos desempolvaron una idea que no es nueva en Washington: designar a los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y de esta manera ponerlos al mismo nivel que Al-Qaeda, Hizbulá, Hamás, para poder enfrentarlos militarmente, algo a lo que México se opone frontalmente.

Senadores repúblicanos como Lindsey Graham o Dan Crenshaw han presentado proyectos de ley para designar, primordialmente, al Cártel de Sinaloa y al Jalisco Nueva Generación (CJNG) dentro de esta categoría bajo el argumento de que “han aterrorizado a los estadounidenses durante décadas”.
Sin embargo, recientmente presentaron formalmente La Ley para Terminar con las Organizaciones y Sindicatos Criminales Notorios, Agresivos y Despiadados de 2023, también conocida como “Ley Narcos”, en cuya lista negra también figuraron al Cártel del Golfo, Los Zetas, Cártel del Noreste, Cártel de Juárez, Cártel de Tijuana, los hermanos Beltrán Leyva y La Nueva Familia Michoacana.
Los seis senadores republicanos que presentaron el proyecto de ley fueron Lindsay Graham (Carolina del Sur), Mike Lee (R-Utah), John Kennedy (Luisiana), Marsha Blackburn (Tennessee), Josh Hawley ( Misuri) y Steve Daines (Montana).
La idea no es nueva. El expresidente Donald Trump se lo planteó tras la masacre en México contra niños y mujeres de la familia de estadounidenses y mormones LeBarón, y Barack Obama lo descartó en su momento.

El debate no es una simple cuestión semántica. Designar a esos grupos como terroristas permitiría al gobierno estadounidense combatirlos militarmente, y eso es lo que piden los “halcones” republicanos.
El senador Graham, sin embargo, aclaró que el objetivo de una operación militar no sería “invadir México”, sino “destruir” los laboratorios clandestinos donde se fabrica el fentanilo. Pero así fueran soldados estadounidenses pisando territorio mexicano o drones disparando contra laboratorios se estaría cruzando una línea roja.
“Es un lenguaje muy alarmante porque México ya ha sido invadido en el pasado por Estados Unidos, y en México hay una preocupación real sobre su soberanía”, dijo a la agencia EFE Carin Zissis, experta del Council of the Americas, un laboratorio de ideas de Washington.
Además, para Zissis se ha demostrado que un “enfoque tan agresivo” no funciona, pues la persecución militar de capos ha fragmentado los carteles y ha generado “más caos y más violencia”.
“Es un lenguaje que puede funcionar entre algunos votantes de Estados Unidos, pero no va a resolver el problema”, dijo.
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