
Nueve servidores públicos fueron arrestados por su presunta responsabilidad en la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Los uniformados estarían relacionados con el delito de desaparición forzada.
Se trata de siete miembros de la Policía Estatal y dos Policías Preventivos del municipio de Iguala, según lo informó la Secretaría de Seguridad Publica (SSP) de Guerrero durante el miércoles 22 de marzo. Los aseguramientos estuvieron a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
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“La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informa que coadyuvó con la Fiscalía General de la República (FGR) y con apoyo de la Secretaría de Marina, en la cumplimentación de una orden de aprehensión en contra de nueve servidores públicos por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes (...) de Ayotzinapa”, se pudo leer en el breve comunicado de las autoridades.

La SSP de Guerrero colaboró con la Fiscalía General de la República (FGR) y en los hechos también estuvo involucrada la Secretaría de Marina (Semar). No se proporcionaron más detalles de los elementos de seguridad asegurados.
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Sin embargo, reportes de inteligencia consultados por Infobae México indicaron que los siete policías estatales serían identificados como Sandra “N”, Juan “N”, Ramiro “N”, Lorenzo “N”, Noel “N”, Pablo “N” y Alberto “N”, quienes habrían sido capturados durante el miércoles 22 de marzo en Chilpancingo. Mientras que los otros dos uniformados habrían sido detenidos un día antes en Iguala, se trata de Navis “N” e Imer “N”.
De igual manera las autoridades indicaron que las instituciones encargadas de brindar más información sobre las detenciones es tanto la FGR como la AIC. El mensaje de la SSP de Guerrero finalizó destacando su compromiso para coordinarse con autoridades civiles y militares.
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Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados por el colectivo denominado Guacamaya y consultados por la organización civil National Security Archive indicaron que en años anteriores a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa el personal militar ya vigilaba la escuela rural e identificaba a sus alumnos como “subversivos”.
“Debido a la penetración ideológica de ideas foráneas, la escuela tiene una participación activa e importante en los conflictos sociales a nivel local y nacional”, se pudo leer en uno de los informes.
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Cabe recordar que el pasado 18 de enero Estados Unidos deportó a México a Alejandro “N”, un hombre que era buscado por la Interpol por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y secuestro por el caso Ayotzinapa. En dicha ocasión, alrededor del mediodía, los agentes de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por su nombre en ingles) entregaron al individuo a personal del Instituto Nacional de Migración (INM).
“Alejandro ‘N’ fue asegurado el 20 de diciembre de 2022 por el CBP al ingresar de manera irregular a territorio estadounidense y hoy se determinó que no cumplía con los requisitos para que le fuera otorgado el asilo en el país vecino”, se pudo leer en el comunicado compartido por la Secretaría de Gobernación.
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También a finales de octubre fue detenido un hombre que fungió como secretario de Seguridad en el estado de Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes. Leonardo Octavio “N”. Fue capturado en Tepic, Nayarit, lugar donde se escondía después de que se girara una orden de aprehensión en la que se le acusaba de delincuencia organizada.
Según las investigaciones, dicha persona habría recibido alrededor de 50 mil dólares para que protegiera a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, el cual es señalado como responsable de la desaparición de los normalistas de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”.
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