El Gobierno de México presentó una apelación en contra de la sentencia que emitió la Corte de Distrito de Boston, Massacussetts, debido a que había desestimado la primer demanda contra empresas de armas en Estados Unidos, dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El escrito de apelación es en respuesta a una demanda civil que el Gobierno mexicano presentó en agosto de 2021 en contra de empresas estadounidenses que venden armas en Boston. Lo anterior como parte de la estrategia legal en contra de su tráfico ilícito y los daños causados en el país.
Sin embargo, el litigio se interrumpió cuando un juez de primera instancia determinó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PCLAA, por sus siglas en inglés) protegía a las empresas demandadas, de manera que les otorgaba cierta inmunidad aún cuando sus conductas afectaran a México.
“En la apelación se insistirá que la ley estadounidense que otorga inmunidades a quienes fabrican y comercian armas no tienen efectos sobre daños causados en territorio mexicano”, detalló la cancillería.
De esa manera, el martes 14 de marzo el Gobierno de México presentó el escrito de apelación en la Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos, cuya sede se encuentra en Boston. Con esto se busca analizar si la decisión del juez Dennis Saylor se realizó en apego a derecho, toda vez que las armas vendidas por las empresas demandadas eran usadas por el crimen organizado en el país.
Cabe recordar que el 10 de octubre de 2022 se presentó una segunda demanda ante la Corte Federal de Distrito de Tucson, Arizona. En aquella ocasión fue en contra de cinco empresas que comercian armas de manera “negligente”, pues se indicó que lo anterior estaba relacionado con la violencia perpetrada en México, así como otros delitos, como el tráfico de personas y de drogas, particularmente de fentanilo.
Por ello, el 11 de noviembre del año pasado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una “opinión consultiva” sobre la relación establecida entre la venta de armas y los índices de violencia en territorio mexicano.
Combate contra tráfico de armas
Las demandas civiles presentadas por el Gobierno de México también tienen que ver con el tráfico de drogas. La postura que ha mantenido el canciller mexicano Marcelo Ebrard es que debe haber una cooperación con los Estados Unidos para reducir las armas que entran al país, pues la mayoría de ellas son usadas por los grupos del narcotráfico. “Si no paramos este flujo tremendo, ¿cómo vamos a frenar la violencia aquí?, cuestionó el titular de la SRE en su momento.
“Si Estados Unidos nos está pidiendo que les apoyemos -que trabajemos juntos en contra del fentanilo, los precursores químicos, los cárteles de la droga- nosotros también queremos que nos ayuden reduciendo ese flujo de armas que nos hace mucho daño”, aseveró Ebrard Casaubón cuando se presentó la segunda demanda.
Esa visión también es compartida por el embajador de EEUU en México, Ken Salazar, quien ayer (14 de marzo) compartió un comunicado en el que refrendó el compromiso del presidente Joe Biden para combatir el tráfico ilegal de armas. En ese sentido, resaltó tres acciones:
-La Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras, en la que se tipifica como delito la compra de armas ilegales, cuyas sanciones pueden llegar hasta los 25 años de cárcel.
-Aumento en un 300% del deocmiso de armas de fuego que pretendían llegar a México.
-El decomiso de más de 600 mil armas que se realiza cada año en Estados Unidos.
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