Diputados aprobaron que el INM haga revisiones migratorias en todo el país

Durante la sesión del 8 de marzo, en la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen que establece que el Instituto Nacional de Migración (INM) podrá llevar a cabo revisiones para comprobar la situación migratoria de extranjeros dentro del país.

Este fue aprobado con 460 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. El dictamen adiciona un tercer párrafo al artículo 97 de la Ley de Migración y ante la aprobación fue turnado al Senado para sus efectos constitucionales.

Este tercer párrafo, de acuerdo con el dictamen, establece que las revisiones se realizarán conforme a protocolos que establezca el INM para evitar prácticas discriminatorias.

Cabe señalar que, en un inicio, el dictamen establecía la derogación de los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración debido a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que establecía que las revisiones en todo el territorio eran violatorias de los derechos humanos.

Esto al determinarse que afectaba de manera desproporcionada la libertad de circulación y tránsito de las personas y que reproduce estigmas que podrían impactar en personas indígenas y afromexicanas.

Cabe recordar que en el 2015 cuatro personas mexicanas de origen indígena fueron detenidos por parecer de nacionalidad guatemalteca, a pesar de que mostraron sus identificaciones. Ante esto se presentó un amparo cuya resolución fue tomada por la SCJN en el 2022.

Sim embargo, los legisladores argumentaron que al no advertirse en el artículo 11 constitucional la obligación de portar documentos identificatorios dentro del país para las personas mexicanas, así como que el INM tuviera protocolos para evitar la discriminación, no era necesaria la derogación.

Únicamente que se reforme dicha normativa para que se plasme la necesidad de protocolos que respeten los derechos humanos.

El artículo 97 establece que los agentes del Instituto no solo podrán hacer la revisión en los lugares destinados al tránsito internacional de personas establecidas, sino que también podrá llevar a cabo revisiones de carácter migratorio dentro del territorio nacional.

Al fundamentar el dictamen, la diputada por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Elvia Yolanda Martínez Cosío, explicó que esta reforma busca garantizar que las revisiones migratorias sean realizadas de conformidad con lo que establece el INM con el pleno respeto de los derechos humanos.

Añadió que este dictamen demuestra que más allá de las diferencias entre las alternativas políticas, el diálogo y los acuerdos son posibles, ya que tienen como fin salvaguardar la dignidad de las personas migrantes.

En adición, recordó que ante las medidas migratorias de Estados Unidos se modificó el transitar de los migrantes, quienes lo hacen a través de caravanas a pie y en autobús.

De este modo, las detenciones de autobuses de transporte público por parte de las autoridades mexicanas dieron pie a otra forma de traslado como cajas de tráileres improvisadas con los riesgos de hacinamiento e intoxicación provocada por estos viajes clandestinos.

Por su parte, el diputado de Morena, Miguel Ángel Pérez Navarrete, promovente de la iniciativa, comentó que el fenómeno migratorio en los recientes tiempos ha sido uno de los principales retos.

Al ser México un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, el legislador aseguró que esta situación amerita acciones contundentes por parte del Gobierno Federal. Es así, agregó, que se implementó una nueva ley migratoria que parte del respeto pleno de los derechos humanos, la inclusión y la perspectiva de género para colocar a las personas migrantes en el centro de las decisiones.

A la par, México se adhirió al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, adquiriendo el compromiso internacional de fortalecer la política para que las personas puedan moverse hacia y desde México de forma segura, ordenada y regular.

Enfatizó que este dictamen busca homologar la ley con las acciones emprendidas y los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano.

También argumentó que el acto de la revisión migratoria no es discriminatorio, sino que su aplicación puede llegar a serlo y por tal motivo se propone que las revisiones migratorias se realicen bajo protocolos que garanticen los derechos humanos y den certeza a las personas y servidores públicos.