Se le llama matrimonio infantil pero, en realidad, convendría sincerarlo como abuso infantil. Según la ley es necesario tener 18 años para consentir el cambio de estado civil. Sin embargo, en la actualidad existen muchas uniones de dos personas en las cuales al menos una es menor de edad. Y México es uno de los 10 países del mundo que más sufren el casamiento de niñas y adolescentes.
Eso permite casos como el de Angélica, la muchacha de 15 años cuyo testimonio divulgaron los medios. En Cochoapa el Grande, Guerrero, Angélica fue encarcelada tras huir del intento de violación de su suegro. El hombre había pagado 120,000 pesos por la menor.
El Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cataloga el matrimonio infantil dentro del abuso de menores y la violencia de género. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) las menores casadas suelen sufrir violencia doméstica y tienen menos probabilidades de seguir asistiendo a la escuela. También son víctimas de agresiones sexuales en los entornos en los que han sido entregadas a un matrimonio forzado.
Niñas y adolescentes, el blanco de los matrimonios forzados
Autoridades y organizaciones sin fines de lucro han documentado las distintas formas de abuso infantil en México. Y entre ellas, un problema destacado de las niñas es el matrimonio forzado. El país ocupa el octavo lugar en el mundo por la cantidad de menores en unión conyugal, según Girls Not Brides, la asociación para acabar con el matrimonio infantil.
A finales de abril de 2022, la organización defensora de los derechos de la infancia Save The Children denunció que en el país una de cada 100 niñas entre 12 y 14 años se encuentran casadas o unidas de manera informal. Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicó en septiembre de ese mismo año que en 43 parejas casada, una involucraba a una menor de edad.
Los matrimonios infantiles se contabilizaron en 12 estados. Durango concentra el mayor porcentaje de estos casos, con 29.2%. Según el Inegi la edad de las 224,454 niñas casadas o en unión libre iba de los 12 a 17 años. Además, otras 21,167 habían tenido cónyuge en el pasado.
Las causas y consecuencias de los matrimonios infantiles
Entre las razones detrás de este fenómeno se destaca que las menores son “consideradas moneda de cambio por sus padres”, según Daniela Villegas Mercado, del CIEG. En ocasiones sus familias o responsables las venden por dinero o las intercambian por bienes y alimentos.
En su mayoría, los matrimonios infantiles son entre hombres maduros y niñas, según un artículo de Carlos Welti Chanes, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, sobre el matrimonio infantil como violencia contra las mujeres. Incluso afirma que es difícil encontrar una unión conyugal de dos adolescentes.
El abuso sexual es uno de los principales detonantes del matrimonio infantil, complementó Welti. El investigador de la UNAM agregó que la mayoría de las uniones entre niñas y hombres no se oficializan como matrimonio, lo cual distorsiona las estadísticas de este problema.
El casamiento de menores tiene mayor presencia en las comunidades rurales: el 30.9% de las mujeres que se casaron o se unieron a un hombre en el campo tenían menos de 17 años en el momento de hacerlo, según “De niñas a esposas”, un artículo de Ciencia UNAM. La pobreza extrema y la desigualdad de género son causales convergentes.
Leyes contra el matrimonio infantil
Desde la reforma del Código Civil Federal, en 2019, se derogaron las leyes que permitían el casamiento de las mujeres desde los 14 años y de los hombres desde los 16. Actualmente la edad mínima es, para ambos grupos, de 18 años: la mayoría de edad.
Otro avance contra los matrimonios infantiles sucedió en abril de 2022, cuando la Cámara de Diputados aprobó las reformas al Código Penal Federal para establecer el delito de cohabitación forzada. Las penas para los responsables van entre los ocho y 15 años de prisión.
Además, la ley contra la trata de personas, establece una pena de cuatro a 10 años de prisión a quien obligue a contraer matrimonio a una persona, de manera gratuita o a cambio de pago en dinero o en especie entregada a sus padres.
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