Casi 150 empleados del INE se ampararon en contra del Plan B

Ante el paquete de reformas en materia electoral que entró en vigor, 147 empleados del Instituto Nacional Electoral (INE) promovieron una demanda de amparo ante el llamado Plan B, impulsado por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Fue la firma Trusan & Roma Abogados la encargada de presentar el recurso en representación de los trabajadores del órgano electoral, quienes temen perder sus trabajos o que sus salarios sean recortados.

“Nuestra firma legal acaba de presentar la primera demanda legal de amparo para proteger a los empleados del Instituto Nacional Electoral ante la reforma electoral. Este medio de defensa tiene por objeto el evitar la pérdida de su fuente de empleo y de las diversas prestaciones que tiene la institución”, expresó el litigante Rodolfo Martínez a través de redes sociales.

Tras la publicación de la segunda parte del Plan B en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado jueves 2 de marzo, más de un centenar de empleados de áreas administrativas, así como del servicio profesional electoral, se sumaron a las solicitudes de amparo ante la reestructuración que plantea la nueva ley.

El amparo será turnado a un juez, quien será el encargado de determinar si las demandas proceden o no. “Dentro de este paquete está previsto el que se les cancelen sus pólizas de gastos médicos mayores y su seguro de separación actualizado. Esto expresamente está señalado en la reforma y es lo que estamos impugnando”, señaló Martínez en entrevista para Milenio.

“El amparo tiene por objeto proteger sus sueldos y salarios porque en la reforma se prevé una disminución al establecer que se tendrá que ajustar a principios de razonabilidad y proporcionalidad; elemento que no es objetivo para establecer el catálogo de sueldos y salarios de los empleados”, apuntó el abogado.

Cabe señalar que el paquete de reformas consiste en cambios a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mientras que se expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia electoral.

“El amparo es la única vía procedente para impugnar la reforma electoral que afecta al servicio profesional electoral, las áreas administrativas y las juntas distritales, y también para proteger las pólizas de gastos médicos y el seguro de separación”, aclaró Rodolfo Martínez.

Por otra parte, fue el pasado viernes 3 de marzo, un día después de la entrada en vigor de dichos cambios a la ley, que ocho integrantes de la Junta General Ejecutiva entregaron su renuncia al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.

A través de un comunicado de prensa, el árbitro electoral anunció la separación de sus cargos de: Ana Laura Martínez Lara, directora ejecutiva de Administración; Carlos Alberto Ferrer Silva, responsable de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; Jacqueline Vargas Arellanes, encargada de la Unidad Técnica de Fiscalización; y Gabriel Mendoza Elvira, director jurídico del INE.

En tanto, otro funcionario que perdió su trabajo fue el secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, quien permaneció en su puesto por 14 años, tras se designado en 2008, 2014 y reelecto en 2020 por seis años más.

Sin embargo, fue el primero en presentar un recurso de amparo, pues lo promovió desde el primer día en que se promulgaron las reformas. Dicha demanda fue admitida por una jueza de Distrito en contra del proyecto, aunque al momento no se sabe si la juzgadora concedió la suspensión provisional solicitada por el quejoso.

Aunque, por otro lado, la magistrada Janine Otálora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) propuso un proyecto con el que se inaplique el artículo con el que se ordena el despido de Jacobo Molina, pues acusó que es inconstitucional.