
La madrugada del pasado domingo 26 de febrero cinco jóvenes fueron asesinados por elementos del Ejército en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
De acuerdo con la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los hechos se registraron aproximadamente a las 4:50 de la madrugada, cuando personal militar de una Base de Operaciones desplegado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, realizaba reconocimientos en el área urbana de ese municipio.
Según la versión del ejército, sus elementos se encontraban realizando labores de patrullaje cuando “oyeron disparos de armas de fuego” que los pusieron en alerta y procedieron avanzar al lugar donde se escuchaban.
Posteriormente los elementos observaron un vehículo tipo pick up con siete individuos a bordo, quienes supuestamente se trasladaban a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas.

Asimismo, supuestamente los tripulantes del vehículo, al observar la presencia de las tropas, acelararon la velocidad de manera “intempestiva” y “evasiva” antes de impactarse contra otro vehículo que se encontraba estacionado.
“De esta situación, al escuchar un estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuego; suceso que actualmente diversas autoridades se encuentran investigando para determinar la veracidad de los hechos”, informó el comunicado de la Sedena.
Sin embargo, varios de estos hechos fueron desmentidos por los testimonios de los sobrevivientes e incluso por el Informe Policial Homologado que el oficial responsable llenó luego del incidente.
De acuerdo con el experto y analista de seguridad Alejandro Hope, pese a las distintas versiones de los hechos hay algunos datos sobre los que no cabe la menor duda:

“En primerísimo lugar, las víctimas iban desarmadas. No se encontró una sola pieza de armamento en el lugar de los hechos. Los supuestos disparos que habrían escuchado los militares involucrados en el incidente no venían de los jóvenes abatidos. Sobre esto, no hay ni asomo de duda”, explicó Hope.
“En segundo lugar, no parece haber habido ningún paso intermedio entre la supuesta instrucción de detenerse que le habrían hecho los militares a los ocupantes de la camioneta y el uso de la fuerza letal. No hubo en modo alguno la graduación en la respuesta que exige la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Aquí no hubo ni sujeción ni incapacitación ni inmovilización ni uso de fuerza epiletal. Aquí hubo balazo limpio, casi desde el primer momento”, amplió el experto.
Para el analista, lo ocurrido en Nuevo Laredo habla de un problema de capacitación, pues al realizar labores de policía “los soldados no pueden abrir fuego porque escucharon un ruido sorpresivo e intenso”.
Sin embargo, aclaró que lo más grave es la decisión de poner a militares, ya sea como integrantes de fuerzas armadas o con el uniforme de la Guardia Nacional, a hacer rondines y poner retenes en zonas urbanas en pro de inhibir los delitos.

“Si la tarea de unos militares es el patrullaje aleatorio, a la espera del topón, solo es cuestión de tiempo para que alguien dispare cuando no debe”, atajó Hope.
El abatimiento de estos jóvenes ocurre en medio de las crecientes políticas de militarización del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha asignado a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad pública.
Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado este jueves 2 de marzo al Ejército mexicano a rendir cuentas sobre la actuación de sus elementos.
“Sobre los recientes hechos en Nuevo Laredo, llamamos a la Fiscalía General de la República a realizar una investigación pronta y eficaz y a la Secretaría de la Defensa Nacional a rendir cuentas sobre la actuación de sus elementos”, dijo el organismo en un pronunciamiento.
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