Diputados de Morena de la Ciudad de México acusaron que en 2021, durante el mandato de Layda Sansores como alcaldesa de Álvaro Obregón, se autorizó bajo graves irregularidades un contrato de obra pública por 12 millones 840 mil pesos para la rehabilitación del edificio de Protección Civil.
La diputada de la bancada de Morena, Marcela Fuentes Castillo, denunció que la Auditoría Federal de la Federación detectó anomalías en la adjudicación directa de este contrato a la empresa ABC Estudio, la cual obtuvo al menos 9 contratos de 2019 a 2021, periodo en el que gobernó Layda Sansores.
Entre las anomalías se enlistan la adjudicación directa sin cumplir requisitos; iniciar sin declaración de cumplimiento ambiental; no aplicar retenciones por retrasos.
Por estos motivos, la diputada Marcela Fuentes presentó un punto de acuerdo para exigir a Lía Limón, actual alcaldesa de la demarcación, para transparentar el destino de esos 12.8 millones de pesos, sin embargo, la bancada panista le aclaró rápidamente que el contrato fue autorizado por su antecesora, la morenista Layda Sansores.
Al darse cuenta del error e involucrar de forma accidental a la ahora gobernadora de Campeche, la bancada de Morena y el presidente de la Mesa Directiva decretaron un receso para frenar la discusión del tema, situación que generó una trifulca en la tribuna del Congreso capitalino.
Después del incidente, se divulgó rápidamente el caso de las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior en esta obra pública bajo el gobierno de Sansores, pues durante su gestión se asignaron varios contratos a esta empresa.
En su cuenta de Twitter, el analista Juan Ortiz desglosó algunos datos del contrato firmado el 14 de mayo de 2021, del cual las retenciones a la empresa ABC debieron hacerse de junio a septiembre, antes de la toma de posesión de Lía Limón, en octubre de ese año.
Cuáles son las irregularidades en el contrato autorizado por Sansores
El contrato señalado fue por la rehabilitación del edificio de Protección Civil en la alcaldía Álvaro Obregón y de acuerdo con el expediente, la ASF encontró que la Declaratoria de Cumplimento Ambiental con folio 005252, fue tramitada fuera de plazo, es decir 181 días naturales posteriores a la fecha de inicio de los trabajos y no presentó el Estudio de Daño Ambiental.
Es decir, este estudio se presentó casi medio año después, pues la fecha de inicio de los trabajos fue el 24 de mayo 2021 y la declaratoria fue recibida por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) hasta el día 21 de noviembre del 2021.
Esta revisión se encuentra en el expediente ASCM-178-21 en el que se señala que la auditoría se realizó a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano (DGODU) de la alcaldía Álvaro Obregón por el contrato Rehabilitación de edificios públicos, dentro del perímetro de la alcaldía. (edificio de protección civil).
Al ser confrontados por las autoridades de la Auditoría para explicar el motivo, la DGODU señaló que la empresa no pudo presentar antes la Declaratoria debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19.
Además, se encontró que la adjudicación de la Obra Pública no cumplió con los requisitos de ley.
En este apartado, tras la revisión de la documentación del expediente, la ASF determinó que la invitación para el procedimiento de contratación no cumplía con los requisitos establecidos en las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública.
La alcaldía alegó que el catálogo de conceptos, croquis de localización, así como los términos de referencia que se entregaron a la empresa contratista en la invitación, a pesar de que no se encontraban integrados en el expediente.
En la tercera observación, la DGODU omitió verificar que los programas detallados de ejecución, suministros de materiales y equipo de instalación permanente, utilización de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción de los trabajos contaran con la autorización de la residencia de supervisión.
Esto se encuentra contemplado en el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, en donde se estipula que la residencia de supervisión se encargará de los asuntos señalados y será establecido por las delegaciones antes de la fecha de inicio de la obra.
De acuerdo con el análisis de la ASF, la documentación presentada no contaba con la firma de esta figura.
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