Durante la tarde del jueves, legisladores del Congreso de la Ciudad de México se vieron en medio de una discusión después de que diputadas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), implicaron accidentalemente a una de sus miembros en presuntos actos de corrupción.

Ya que la diputada morenista Marcela Fuentes presentó un punto de acuerdo en el que señaló a Lía Limón, alcaldesa de la Álvaro Obregón por presuntas irregularidades en un contrato de obra pública realizada en mayo del año 2021, de acuerdo con una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Este sería con la empresa ABC Estudios SA de CV por la cantidad de 12 millones 840 mil pesos con el fin de dar una rehabilitación a un edificio de Protección Civil dentro de la alcaldía Álvaro Obregón.

Pero la invitación para la adjudicación directa de la obra no contenía los requisistos establecidos al no presentarse una Declaración de cumplimiento Ambiental ni estudio de Daño Ecológico, entre otros señalamientos mencionados por la diputada.

Sin embargo, los legisladores miembros de la oposición notaron algo peculiar, porque en esos años, en realidad, quien estaba al frente de la alcaldía, era la ahora gobernadora del estado de Campeche, por el partido guinda, Layda Sansores.

Ya que Sansores San Román estuvo dentro de la alcaldía del 1 de octubre del 2018 al 4 de febrero del 2021. Mientras que Lía Limón García entró al gobierno el 1 de octubre del 2021. El contrato, por otro lado, fue hecho en mayo de ese año.

Por lo que ante el error, se desató una serie de burlas por parte de los opositores que desembocó en una confrontación en la Mesa Directiva del congreso capitalino.

Al respecto, la diputada Luisa Gutiérrez Ureña de la bancada panista se mofó después de los hechos asegurando que Morena estaba dando un cambio de dirección hacia la exigencia de transparencia dentro de sus filas, lo que haría que hubiera más concenso entre los legisladores.

Esta revisión se encuentra en el expediente ASCM-178-21 en el que se señala que la auditoría se realizó a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano (DGODU) de la alcaldía Álvaro Obregón por el contrato Rehabilitación de edificios públicos, dentro del perímetro de la alcaldía. (edificio de protección civil).

De acuerdo con el expediente, la ASF hayó que la Declaratoria de Cumplimento Ambiental con folio 005252, fue tramitada fuera de plazo: 181 días naturales posteriores a la fecha de inicio de los trabajos y no presentó el Estudio de Daño Ambiental.

Ya que la fecha de inicio de los trabajos del contrato realizado fue el 24 de mayo 2021 y la declaratoria fue recibida por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) hasta 21 de noviembre del 2021.

Al ser confrontados por las autoridades federales para que explicaran el motivo, la DGODU señaló que la empresa no pudo presentar antes la Declaratoria debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19.

Ante esto, el órgano auditor señaló que la alacaldía debía establecer mecanismos de supervisión y control para que no volviera ocurrir este tipo de actos.

En este apartado, tras la revisión de la documentación del expediente, la ASF determinó que la invitación para el procedimiento de contratación no cumplía con los requisitos establecidos en las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública

La alcaldía alegó que el catálogo de conceptos, cróquis de localización, así como los términos de referencia que se entregaron a la empresa contratista en la invitación a pesar de que no se encontraban integrados en el expediente.

En este apartado se señala que la DGODU omitió verificar que los programas detallados de ejecución, suministros de materiales y equipo de instalación permanente, utilización de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción de los trabajos contaran con la autorización de la residencia de supervisión.

Esto se encuentra contemplado en el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal en donde se estipula que la residencia de supervisión se encargará de los asuntos señalados y será establecido por las delegaciones antes de la fecha de inicación de la obra.

De acuerdo con el análisis de la ASF, la documentación presentada no contaba con la firma de esta figura.

Dentro del apartado de la Ejecución de la Obra Pública, determinaron que la alacaldía no registró a los representantes de la dependencia quienes formalizaron el contrato, sus direcciones y teléfonos, ni de quienes entrgaron la obra una vez que se terminaron los trabajos y quien la resguardó.

Aunque corrigieron la supuesta omisión del registro de residencia de obra, la supervisión actualizaciones de programas, faltó la autorización, seguimiento y pago de conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes, condiciones que originen variaciones en el programa y cantidades.

Entre otras cosas, también destacó que no se hicieron tres retenciones por atraso de obras; 41 conceptos de trabajo que exceden la cantidad contratada sin que se cuente con el documento que autorice la ejecución ni que determine la obligación de hacer un pago, así como la falta de documentación que tenga la firma del residente de obra que autorice y valide precios extraordinarios (de 25 conceptos de trabajo adicionales).