Luego de que cinco jóvenes fueran asesinados tras salir de un centro nocturno por elementos militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas, mientras viajaban a bordo de una camioneta blanca, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en su gobierno no está permitida la violación a los Derechos Humanos de los civiles, por lo que advirtió que no “habrá impunidad para nadie”.
En su conferencia matutina de este 2 de marzo, el mandatario federal dio a conocer su postura sobre los reportes locales que han señalado que las cinco personas que perdieron la vida el pasado 26 de febrero eran presuntos integrantes de un grupo criminal. Al respecto, indicó que se llevará a cabo una investigación exhaustiva sin importar de quién se trate.
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Al ser cuestionado sobre la veracidad de dicha información, López Obrador señaló que es la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de determinar si las víctimas mortales contaban con antecedentes criminales. En todo caso, mencionó, no está permitida la ejecución extrajudicial de nadie en su administración.

La postura de López Obrador tiene que ver con dos cuestiones principalmente. Por un lado, la presunta relación entre los jóvenes asesinados y el Cártel del Noreste –nexos que, hasta el momento, no han sido comprobados por las autoridades y están basados en reportes extraoficiales-. Pues cabe mencionar que cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revisaron la camioneta en la que viajaban los civiles, no encontraron armas de fuego u otro tipo de objetos ilícitos.
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Por otro lado, se encuentra la frase o la expresión “mátalos en caliente”, que se remonta a los tiempos del Porfiriato, cuando en una noche de junio de 1879, nueve ciudadanos de Veracruz fueron sacados de sus casas y, bajo instrucciones de Porfirio Díaz, se dio la orden de “matarlos en caliente”, que refiere a un fusilamiento arbitrario que se perpetró sin un juicio previo.
Lo anterior tiene que ver con la violación a los Derechos Humanos a la que se refirió López Obrador y con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, en la que se establece cuáles son los escenarios bajo los cuales está permitido que los elementos de seguridad activen sus armas de fuego para repeler una agresión. Sin embargo, los reportes de la Sedena no indican que los jóvenes hayan disparado contra los militares, por lo que no había justificación alguna para que los asesinaran, aún cuando se trataran de “supuestos sicarios”.
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Esto, a su vez, guarda relación con la solicitud que hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a las autoridades de México el pasado 1 de marzo. En un comunicado, se exhortó hacer una investigación “pronta e imparcial” sobre los hechos violentos en los que cinco jóvenes fueron asesinados y dos sobrevivieron (uno se encuentra en estado de coma).

“El empleo de las armas de fuego debe ser el último recurso, proporcional al objetivo legítimo que se persigue, con pleno respeto y protección de la vida humana. Toda muerte relacionada con el uso de la fuerza por efectivos militares debe ser investigada de forma independiente por las autoridades civiles”, señaló la ONU.
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Asimismo, cabe recordar que en el Informe Policial Homologado elaborado por personal militar se menciona que al menos cuatro cabos de caballería activaron sus armas contra los tripulantes de la camioneta blanca, sin la previa autorización de sus superiores, de manera que hubo un uso desproporcionado de fuerza.
Es por ello que, de acuerdo con López Obrador, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para esclarecer el actuar de los militares.
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