
Un joven en estado de coma, otro con impactos de bala en el cráneo y unos cuantos más con una decena de heridas provocadas con arma de fuego: esos habrían sido algunos de los estragos que dejaron las fuerzas militares tras un ataque hacia un grupo de siete civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En la madrugada del 26 de febrero, un grupo de jóvenes salió de un bar llamado “Míster Pig”, ubicado en la colonia Manuel Cavazos Lerma. Cuando tomaron la carretera a Ciudad Anáhuac, presuntamente habrían sido interceptados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mientras los civiles iban a bordo de una camioneta blanca tipo pick-up.
Según el testimonio de uno de los sobrevivientes (Alejandro Pérez Benítez), los agentes de la Sedena los impactaron en la parte trasera de la unidad en la que viajaban. Momentos después comenzaron a disparar en múltiples ocasiones contra ellos “sin una razón aparente”. La ráfaga de balas provocó que cinco jóvenes perdieran la vida, en un acto que hasta el momento no ha sido esclarecido por las autoridades.
Cuando se tuvo conocimiento de los hechos, personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas procedió a elaborar las necropsias de ley correspondientes, para determinar la causa de muerte de los muchachos. De esa manera, se pudo conocer la intensa embestida que los militares llevaron a cabo ese día.

Con base en los resultados de las necropsias, se dio a conocer que el conductor y el copiloto de la camioneta blanca fueron los que más balazos recibieron. El primero (Gustavo Ángel Suárez, de origen estadounidense) presentó 12 heridas por arma de fuego y el segundo (Wilberto Mata Estrada) alrededor de 10.
Por su parte, Gustavo Pérez Beriles -hermano de uno de los sobrevivientes- presentaba dos impactos de bala en su costado y antebrazo izquierdo, según los documentos a los que tuvo acceso El Universal. Su compañero, Alejandro Trujillo, recibió cinco balazos, mientras que Jonathan Aguilar Sánchez solo uno “con orificio de entrada por arriba de la oreja izquierda y con orificio de salida en la región posterior del cráneo”.
Si bien fueron las únicas víctimas mortales, otro sexto joven también resultó herido y hasta el pasado miércoles 1 de marzo estaba en estado de coma. Al igual que Alejandro Pérez, fueron los únicos que lograron sobrevivir a la lluvia de balas (se presume que los militares dispararon en más de 60 ocasiones). Sin embargo, se desconoce el calibre de las armas de fuego con que los cinco jóvenes fueron privados de la vida.

Las balas también alcazaron a impactar a un domicilio ubicado en la misma colonia, donde habitaba una pareja mayor con su nieto, su esposa, y sus dos hijos, pero ninguno resultó herido. Lo anterior ha dejado una serie de incógnitas: de qué manera se inició la persecusión, desde qué punto o posición las fuerzas militares dispararon y por qué abrieron fuego contra el grupo de jóvenes, si no se encontraron armas en la camioneta en la que viajaban.
Lo que se sabe es que al menos cuatro cabos de caballería fueron los dispararon contra los civiles, según el Informe Policial Homologado que personal militar elaboró tras lo ocurrido, mismo al que tuvo acceso el periodista Pablo Ferri. En ese documento se señala que los uniformados activaron sus armas de fuego sin la previa autorización del capitán Elio “N”, quien ordenó inmediatamente el alto al fuego.
Por estos hechos, la Sedena se ha coordinado con la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar con las investigaciones y esclarecer lo sucedido, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio para indagar el actuar de los militares. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si los miembros del ejército resultan responsables de los múltiples asesinatos, “que sean castigados”.
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