Extrabajador de la PGR admitió que vendió programas de espionaje a gobiernos de Durango y Baja California

La aparente utilización de softwares de espionaje por parte de las autoridades mexicanas ha sido motivo de críticas y cuestionamientos en los últimos años. En este contexto, un antiguo trabajador de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) confesó su participación en el uso y venta de este tipo de programas.

Un hombre de 49 años, identificado como Julio Santamaría, se declaró culpable del delito de conspiración ante el tribunal federal de San Diego, California.

Aunque no se especificó el cargo que ocupaba cuando trabajaba en la PGR, el acusado admitió que había participado como intermediario para la empresa Elite by Carga, la cual le vendió “programas espía” a los gobiernos de Baja California y Durango.

De acuerdo con un informe de la Fiscalía de Estados Unidos en el Distrito Sur de California, Santamaría salió de la PGR y comenzó a trabajar en enero de 2016 para un consorcio de compañías mexicanas y estadounidenses, en el que estaba incluida la compañía referida.

Durante la audiencia en la que admitió su culpabilidad, Julio Santamaría reveló que sus clientes en el gobierno mexicano pretendían utilizar “equipo de intercepción” con fines políticos, en lugar de usarlos “con fines legítimos apegados a la ley”.

Pese a que no se mencionó directamente a los funcionarios implicados en este aparente caso de espionaje, durante el juicio se informó que “hubo arreglos para que un alcalde mexicano obtuviera acceso no autorizado a las cuentas de iCloud, Twitter y Hotmail de un rival político”.

Sumado a esto, las investigaciones detallaron que el consorcio vendía softwares de inteligencia e intervención de comunicaciones —normalmente destinados a agencias de seguridad— a “ciudadanos particulares y políticos mexicanos que pretendían utilizar los servicios con fines privados y políticos”.

La pena máxima en los Ángeles, California, para el delito de conspiración es de cinco años en prisión y una multa de 250 mil dólares. Sin embargo, según información proporcionada por The San Diego Union Tribune, Julio Santamaría consiguió llegar a un acuerdo de culpabilidad.

A cambio de su declaración, la Fiscalía aceptó no acusarlo de conspiración para cometer fraude informático ni procesarlo por una venta de medio kilo de metanfetamina concretada en 2015.

En su comparecencia, Santamaría aceptó haber trabajado con Carlos Guerrero, dueño de la empresa Elite by Carga, y con el director de tecnología, identificado como Daniel Moreno. Ambos se declararon culpables de un cargo de conspiración en 2022 y fueron sentenciados a tres años de libertad condicional.

Entre las actividades que el acusado confesó haber llevado a cabo estuvo el pago a Daniel Moreno para “hackear” un celular en Estados Unidos en 2017 y dos cuentas de correo electrónico de empresas del mismo país en 2018.

Sumado a ello, ayudó a los dos sujetos referidos a vender herramientas de vigilancia como inhibidores de señal y dispositivos que interceptan señales Wi-Fi y llamadas telefónicas, los cuales también son capaces de “piratear mensajes de WhatsApp”.

Esta declaración de culpabilidad recordó los recientes testimonios de Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, durante el juicio contra Genaro García Luna en la Corte de Brooklyn, ya que el exlíder delincuencial aseguró que el exfuncionario habría ayudado al Cártel de Sinaloa a comprar equipo de espionaje.

Entre los insumos que habría adquirido el Cártel de Sinaloa en la Ciudad de México gracias a García Luna se encontraban cámaras de vigilancia, inhibidores de llamadas y equipos de escucha telefónica.

Incluso se presumió que Arturo Beltrán Leyva, máximo líder del clan criminal, habría comprado una tarjeta especial que era capaz de emitir una alerta si detectaba la presencia de cualquier tipo de micrófono a su alrededor.