‘Que siempre no’: AMLO reservará su derecho de veto para “asuntos más importantes” y no para el Plan B

El diciembre del año pasado el mandatario aseveró que, en caso de que fuera en contra de sus principios, podría vetar su propia propuesta de reforma electoral

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(Foto: REUTERS/Henry Romero)
(Foto: REUTERS/Henry Romero)

En diciembre de 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que podría vetar su propio Plan B —es decir la reforma a leyes secundarias en materia electoral— en caso de que este presentara contradicciones que fueran en contra de los principios de su movimiento, autodenominado, la Cuarta Transformación (4T).

Sin embargo, durante la conferencia de prensa de este 08 de enero, y luego de que fuera cuestionado por la aprobación de los “guardaditos presupuestales” de los partidos políticos (esto dentro del segundo paquete de reformas del Plan B), el Jefe del Ejecutivo negó que haría uso de dicha facultad Constitucional.

“Lo voy a usar (el veto) para cosas que considere más importantes. Porque sino se me viene la campaña de que estoy actuando de manera autoritaria. Vale más que se vaya como corresponde legalmente a la Suprema Corte”, dijo.

Así, señaló que en caso de que haya irregularidades en las reformas secundarias, lo dejará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), institución en la que ya fue presentada una controversia constitucional para “hechar a bajo” las medidas impulsadas desde las bancadas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y aliados.

Durante la sesión se dispensaron los trámites para el Plan B de AMLO, por lo que se aprobó su discusión y votación inmediata. (CUARTOSCURO)
Durante la sesión se dispensaron los trámites para el Plan B de AMLO, por lo que se aprobó su discusión y votación inmediata. (CUARTOSCURO)

Cabe recordar que la respuesta se contrapone a lo mencionado a principios de diciembre del año pasado, cuando López Obrador aseveró que al gozar con la facultad Constitucional de vetar una reforma, podría dar marcha atrás a la inicitiva, ello luego de que se le mencionara a cerca de la intención de dar luz verde a la tranferencia de votos y fideicomisos de los partidos.

“Sí lo considero la puedo vetar, si es un asunto de principios, lo hago. Porque somos demócratas, no farsantes. Lo que nos importan son los principios. Cuando uno tiene que decir entre eficacia política y principios no hay que titubear”, dijo hace dos meses.

En tanto, durante la conferencia de prensa de estes miércoles tabasqueño respondió:

“El que tengan fideicomisos —que el presupuesto que no ejerzan lo puedan meter en un fideicomiso— no es lo mismo que la disminución por ley de lo que les corresponde a los partidos. De todos modos lo voy a ver, pero ya es un asunto intrascendente”, aseguró.

Cabe agregar que el mandatario también aprovechó para reprochar a las y los legisladores de los partidos de oposición por haber desechado la reforma constitucional en materia electoral el año pasado, misma en la cual se contemplaba la reducción del presupuesto destinado a los partidos.

Y es que las modificaciones a nivel Constitucional también conocidas como el Plan A fueron rechazadas en la Cámara de Diputados al no alcanzar los votos requeridos.

La discusión de SCJN

Al día de hoy, las fuerzas políticas contrarias a la actual administración ya iniciaron procesos de apelación ante la Suprema Corte contra el Plan B.

Ello debido a que los partidos opositores, como lo son Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) han argumentado que las medidas impulsadas violentan la Carta Magna y la democracia al vulnerar el Artículo 134 constitucional.

Asimismo, han acusado que hay una tendencia de centralizar y debilitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo desde la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista (PVEM), se ha contraargumentado que la medida responde a la necesidad de cambios dentro del aparato electoral.