Llegó la hora en el Senado para definir el futuro del Plan B electoral

Este 1 de febrero el Congreso de la Unión arranca el periodo ordinario de sesiones y en el Senado se tiene previsto iniciar con la discusión del Plan B en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los senadores discutirán únicamente el artículo referente a la “cláusula de vida eterna” a los partidos pequeños, en la que se espera el voto del bloque opositor para eliminarlo, por lo que el resto del dictamen se mantendrá en los términos aprobados en diciembre en ambas cámaras.

Una vez que el denominado Plan B sea avalado formalmente con el apoyo de Morena, PT y Partido Verde, el bloque opositor presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Respecto a las acciones legales a cargo de los partidos políticos y del propio Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el presidente López Obrador adelantó que “no pasa nada” si la Suprema Corte determina como inconstitucionales a las reformas implementadas por su partido a las leyes secundarias en materia electoral, aunque advirtió que esto “sería una mancha más al tigre”.

En foro advirtieron daños a la democracia mexicana

En el foro de “Análisis del Plan B y cómo afecta los derechos políticos electorales de las mujeres”, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, expresó que las reformas electorales afectan la construcción jurídica que hoy da certeza a las elecciones en México.

El senador refirió que afectará los derechos políticos de las mujeres, “por ejemplo lo que se alcanzó en 2021 que eran 50 espacios para indígenas, personas con discapacidad, afromexicanas, con diversidad sexual y migrantes, ya no estará”.

Mancera Espinosa aseguró que, además, son temas que ya se debatieron, que ya se habían llevado a los tribunales federales y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero de nueva cuenta están ahí, lo que debilita a la autoridad electoral y por supuesto que tendrá repercusiones.

“Desaparecer la Unidad Técnica de Fiscalización y convertirla en Dirección Ejecutiva es contrario a la Constitución, es una afectación seria, se sienta un precedente muy negativo en la equidad de la contienda”, subrayó.

El senador precisó que, además, deja sin posibilidad alguna de sanción el incumplimiento por parte de los partidos, que establecía la Ley General de Partidos Políticos, lo que atañe al financiamiento público ordinario en materia de capacitación, promoción, de desarrollo y de liderazgo político de las mujeres.

Por su parte, Jesús Zambrano Grijalva, líder nacional del PRD reiteró que hace una semana presentaron una acción de constitucionalidad en la Corte para exigir que se deroguen y se declaren inconstitucionales estas reformas. Así como que no sean aplicables las que ya están firmes y las que vendrán en los próximos días.

Elizabeth Pérez Valdéz, vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, afirmó que la reestructura orgánica del INE repercutirá en el debilitamiento de estructuras centrales y desconcentradas, como el Servicio Profesional Electoral Nacional, pues la mayoría de sus puestos y cargos se concentran en los órganos delegacionales y subdelegacionales.

La diputada federal advirtió que la reducción de esta estructura desconcentrada afectaría los programas de paridad de género y respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político, así como la educación cívica, información para la prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Joanna Alejandra Felipe Torres, diputada federal del PAN, mencionó que una de las alertas que enciende la reforma político-electoral es el planteamiento original para que desaparezca la Sala Regional Especializada, ya que es donde están los caminos jurídicos para sancionar los actos en contra de las mujeres en la política.

Otro riesgo, agregó, es la pérdida de la facultad del INE para emitir lineamientos en torno a las candidaturas de mujeres, así como para fiscalizar los ingresos y egresos de los partidos políticos en las campañas y precampañas, con lo cual en el pasado periodo electoral se cancelaron 40 registros aproximadamente.