En una decisión que despeja uno de los últimos obstáculos procesales y deja a Alberto Fernández un paso del juicio oral, el juez federal Daniel Rafecas rechazó el planteo de la defensa del ex presidente buscaba erradicar el expediente por violencia de género de los tribunales de Comodoro Py y confirmó que continuará en el fuero federal.
El ex jefe de Estado se encuentra procesado por dos hechos de lesiones leves y uno de lesiones graves, todos ellos agravados por el vínculo, el abuso de poder y autoridad, y las amenazas coactivas, en unas actuaciones iniciadas por la denuncia de su expareja y primera dama, Fabiola Yañez. La acusación describe un cuadro de violencia de género sostenido en el tiempo, con episodios que -según la investigación- se habrían extendido durante varios años.
Con la instrucción prácticamente concluida, el fiscal federal Ramiro González ya reiteró su pedido de avanzar hacia el cierre del expediente y su elevación a juicio. A criterio del Ministerio Público, la causa ya cuenta con elementos suficientes para ser debatida ante un tribunal.
El expediente reconstruye hechos que abarcan un período amplio: incluye conductas previas a la llegada de Fernández a la presidencia, episodios ocurridos durante su mandato -algunos de ellos en la Quinta de Olivos- y situaciones posteriores a su salida del poder en diciembre de 2023. Este encuadre fue determinante para consolidar la competencia del fuero federal.
En ese contexto, la defensa del ex mandatario intentó desplazar el caso hacia la justicia local a partir de una denuncia presentada contra Yañez en el fuero penal contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, por presuntas amenazas y por impedir el contacto con su hijo menor. A partir de esa actuación, se promovió un pedido de inhibición dirigido a la justicia federal.
El planteo fue desestimado por el fiscal González, quien sostuvo que no existía una verdadera contienda de competencia. Esa postura fue convalidada ahora por Rafecas, que además recordó que la Cámara Federal porteña ya había confirmado en dos oportunidades -en septiembre y diciembre de 2024- que la causa debía tramitar en la sede de Comodoro Py 2002.
El magistrado remarcó que esa definición se apoyó en elementos concretos del caso, entre ellos el hecho de que parte de los episodios investigados habrían ocurrido cuando Fernández ejercía la presidencia, así como en ámbitos bajo jurisdicción federal.
En paralelo, la causa arrastra un planteo central de la defensa que aún debe resolverse. En octubre de 2025, Fernández presentó un escrito de 187 páginas en el que solicitó la nulidad total de la investigación, cuestionando la actuación del juez Julián Ercolini, quien estuvo a cargo del expediente desde su inicio.
Ese cuestionamiento se apoyó en el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que dispuso el apartamiento de Ercolini por la existencia de un vínculo personal con el imputado que podía afectar la imparcialidad del proceso. Sin embargo, ese mismo tribunal penal dejó expresamente establecido que la decisión se adoptaba sin afectar la validez de los actos ya cumplidos.
Pese a ello, la defensa insistió en que toda la investigación debía retrotraerse y comenzar nuevamente ante el nuevo juez. Entre otros puntos, cuestionó el origen de pruebas clave -como los chats hallados en el teléfono de una ex secretaria-, la modalidad de la declaración de la denunciante y la validez de distintas medidas de prueba.
El fiscal González pidió desestimar ese planteo y defendió la legalidad de la pesquisa, al tiempo que advirtió que declarar la nulidad implicaría una revictimización de la denunciante y afectaría el deber de garantizar una respuesta judicial eficaz en casos de violencia de género.
Según la acusación fiscal, Fernández habría ejercido de manera sistemática violencia psicológica contra la ex primera dama mediante hostigamientos, controles, insultos y situaciones de maltrato. También se le atribuyen episodios de violencia física ocurridos en 2021 y amenazas coactivas destinadas a evitar que la víctima realizara la denuncia.
Con la cuestión de competencia ya resuelta y la instrucción en su tramo final, el expediente quedó en condiciones de avanzar. Solo resta que Rafecas se pronuncie sobre el planteo de nulidad del ex presidente. Si lo rechaza, el caso quedará listo para su elevación a juicio oral.
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