La reanudación del juicio por la causa de los “Cuadernos de las coimas” dejó al descubierto una dinámica que marcará el ritmo de las próximas semanas: una estrategia de las defensas que, contrastada con la realidad acumulada en el expediente, parece chocar contra una pared de hormigón. Durante estas jornadas de debate, que se reanudaron tras la feria de enero, los abogados de Cristina Kirchner, Julio De Vido y algunos de los principales empresarios imputados han desplegado una batería de nulidades que intentan reescribir la historia procesal, ignorando que las máximas instancias de la Justicia ya les cerraron esas puertas. Habrá que esperar para ver si, en el transcurso de esta etapa, surgen hechos nuevos que no hayan sido analizados con anterioridad.
La estrategia de desgaste choca contra cuatro barreras infranqueables: la pericia oficial sobre los escritos, la confesión validada de los arrepentidos, la legalidad del origen de la causa y el respaldo de la Corte Suprema a la investigación por lavado de dinero.
“Cenizas” vs. realidad: la pericia de Gendarmería
El primer eje de ataque en estas audiencias preliminares apuntó a la materialidad de la prueba. Las defensas de Roberto Baratta y Julio De Vido explotaron una contradicción narrativa: se aferraron a la indagatoria de agosto de 2018, donde el chofer Oscar Centeno afirmó haber quemado los cuadernos originales en la parrilla de su casa, para cuestionar su “reaparición” intacta en octubre de 2019.
Sin embargo, este argumento choca contra la evidencia científica incorporada al expediente en agosto de 2025. Un peritaje caligráfico oficial de la Gendarmería Nacional concluyó que la inmensa mayoría de los textos manuscritos en los cuadernos 1, 2, 4, 6, 7 y 8 pertenecen a un mismo puño escritural: el de Oscar Centeno.
El estudio separó la paja del trigo al detectar sobreescrituras en palabras puntuales (como “Armando” o “Alem 855”). Si bien en noviembre de 2025 el juez Marcelo Martínez De Giorgi procesó al ex policía Jorge Bacigalupo acusándolo de ser el autor de esas adulteraciones, esa “verdad” surge de un expediente paralelo. Cabe recordar que el propio Tribunal Oral Federal N° 7 había cuestionado esa instrucción: en agosto de 2023, le ordenó a Martínez De Giorgi que se abstuviera de invadir su jurisdicción, advirtiendo que la causa impulsada por el empresario Armando Loson parecía un intento de “mudar la discusión de la prueba” fuera del juicio natural.
Así, mientras la pericia oficial ratifica a Centeno, la hipótesis de la manipulación por parte de Bacigalupo corre por una vía judicial que los jueces del debate miran con recelo, pero que sin embargo podría arrojar novedades.
La lista que las defensas quieren borrar
El pilar central de la estrategia defensiva es el ataque a la figura del “imputado colaborador”. Las defensas sostienen que los testimonios son nulos basándose en una cuestión técnica: que no fueron filmados, aferrándose a una interpretación restrictiva del Artículo 6 de la Ley 27.304.
Sin embargo, más allá de la discusión semántica, el volumen de la prueba es abrumador. En el devenir de la pesquisa, la matriz de corrupción fue validada por 25 imputados colaboradores que suscribieron acuerdos en la fiscalía de Carlos Stornelli.
Esta legión de arrepentidos atacó desde dos frentes. En el plano político, la confesión abarcó al corazón de la administración kirchnerista: Oscar Centeno, Claudio Uberti (ex titular del OCCOVI), José López (ex secretario de Obras Públicas) y el fallecido Víctor Fabián Gutiérrez. También se sumó Ernesto Clarens, el financista señalado como recaudador.
Pero el grueso de la lista lo componen los principales nombres del establishment empresarial. La nómina incluye a los ex titulares de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner (Esuco) y Juan Chediack (José J. Chediack); al primo de Mauricio Macri y ex dueño de Iecsa, Ángelo Calcaterra, junto a su directivo Héctor Javier Sánchez Caballero; y a figuras de peso como Aldo Roggio y Claudio Glazman (Grupo Roggio).
El listado de arrepentidos homologados se completa con Enrique Pescarmona y Francisco Valenti (Impsa); Armando Loson (Albanesi); Héctor Alberto Zabaleta (ex directivo de Techint); Juan Carlos de Goycoechea (Isolux); Jorge Neira (Electroingeniería) y Jorge Balán (Industrias Secco); Gabriel Benjamín Romero (Emepa); Alberto Taselli; Marcela Sztenberg (Equimac); Patricio Gerbi (Coarco); Gabriel Pedro Losi (Losi S.A.); Miguel Aznar (Vial 3) y Rodolfo Armando Poblete (Hidrovía S.A.).
La legalidad de estos testimonios ya es cosa juzgada. La Sala I de la Cámara de Casación, en 2020, sentenció que las actas escritas constituyen un “medio técnico idóneo”. Pero el golpe final llegó el 19 de septiembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de queja de Julio De Vido, quien atacaba la constitucionalidad de la Ley del Arrepentido. Al desestimar ese planteo, el Máximo Tribunal dejó firme la validez de las confesiones, clausurando cualquier debate sobre su legitimidad.
El “armado judicial”
Otro argumento repetido en estas audiencias es la supuesta “nulidad de origen”. Las defensas sostienen que el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio “armaron” la causa para evitar el sorteo y quedarse con el expediente.
La historia documentada desmiente este relato de fórum shopping. La causa no nació en un despacho judicial, sino el 8 de enero de 2018, cuando el periodista Diego Cabot recibió una caja con los manuscritos de Centeno. No hubo una selección de juez a medida, sino una investigación periodística de meses.
Lejos de correr a tribunales o publicar de inmediato, Cabot y su equipo (integrado por Candela Ini y Santiago Nasra) iniciaron un trabajo silencioso. Durante semanas, verificaron cada dato de esos cuadernos que detallaban, “con la precisión de un orfebre”, los recorridos de Roberto Baratta recolectando bolsos. Visitaron las cocheras de los intercambios, chequearon dominios de autos y cruzaron direcciones.
Recién el 10 de abril de ese año, con la certeza de que la prueba era veraz y tras tomar la decisión editorial de “ceder la primicia” para no frustrar la pesquisa, el periodista acudió a la Justicia. No fue un trámite exprés: Cabot declaró durante más de cinco horas en una pequeña oficina de la fiscalía, entregando el material que había procesado.
Este origen fáctico y la asignación al Juzgado N° 11 fueron validados judicialmente por dos instancias superiores. El 15 de agosto de 2018, la Cámara Federal (Sala I, con la firma de Leopoldo Bruglia) rechazó la recusación planteada por Oscar Parrilli, desestimando las acusaciones de “animosidad” o “interés” del juez Bonadio. La Cámara confirmó que la causa Cuadernos debía tramitar allí por su conexidad con la causa previa de Gas Natural Licuado (GNL), donde ya se investigaba la matriz de corrupción del Ministerio de Planificación Federal.
Posteriormente, el 30 de mayo de 2019, la Cámara Federal de Casación Penal (con los votos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone) terminó de sellar la discusión. Al rechazar los recursos de la defensa de Cristina Kirchner, el máximo tribunal penal del país consideró que los planteos de parcialidad eran “hipotéticos” y carecían de pruebas objetivas, dejando firme la intervención de Bonadio y Stornelli desde el minuto cero.
La UIF y el lavado de activos
Uno de los puntos calientes de las cuestiones preliminares fue el rol de la Unidad de Información Financiera (UIF). Varias defensas, como la de Nelson Lazarte (ex secretario de Baratta), solicitaron expulsar al organismo del rol de querellante, amparándose incluso en decretos de la actual gestión que limitan su capacidad de acusar penalmente.
Sin embargo, la Corte Suprema ya zanjó esta discusión el 27 de noviembre de 2025, con el juicio iniciado hacía tres semanas. El Máximo Tribunal rechazó una serie de planteos presentados por los empresarios Hugo Dragonetti, Mario Rovella y Pablo Gutiérrez, quienes buscaban apartar a la UIF del proceso.
Con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte desestimó los recursos. El mensaje político-jurídico que subyace es contundente: al mantener a la UIF en el proceso, la Justicia ratifica que lo que se investiga no es un mero desvío administrativo, sino una matriz de lavado de activos y corrupción sistémica, derrumbando el argumento de las defensas de que se trató solo de irregularidades menores.
“Aporte de campaña”
Finalmente, ante la solidez de la prueba, muchos acusados intentaron un último recurso: reencuadrar los hechos bajo la premisa de “no fue soborno, fue aporte de campaña”, buscando así derivar el caso al fuero electoral, donde las penas son menores y los plazos de prescripción más cortos.
Esta teoría choca con una doble barrera. Por un lado, la propia prueba del expediente: el empresario Carlos Wagner —quien también confesó— detalló ante la Justicia cómo funcionaba el esquema para repartir licitaciones a cambio de retornos asegurados. No se trataba de financiar la política de manera irregular, sino de un sistema de recaudación ilegal sistémico.
Por el otro, la maniobra se estrella contra los fallos más recientes del Máximo Tribunal. El 27 de noviembre de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos de queja de empresarios como Jorge Balán, Hugo Dragonetti y Armando Loson, quienes insistían con agravios sobre la competencia y la calificación legal. Al desestimar estos planteos, la Justicia cerró definitivamente la puerta de salida electoral y confirmó que el juicio debe realizarse sobre la base de la acusación vigente: cohecho activo, pasivo y asociación ilícita.
En definitiva, aunque la estrategia de las defensas apuesta al desgaste mediático y a la dilación mediante planteos técnicos en estas audiencias preliminares, la lista de los 25 arrepentidos, el relato del origen periodístico y los sellos de la Corte Suprema confirman que el juicio debe seguir adelante tal como está planteado.
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