23 Dic, 2025
El juicio por los cuadernos de la corrupción: la UIF acusó a CFK y De Vido de cobrar 175 coimas
El proceso continúa en el Tribunal Oral Federal N°7 con la ex presidenta como principal acusada, internada tras una operación de apendicitis. Ernesto Clarens, imputado clave, también se ausentó por motivos de salud
Hoy martes se realizará la audiencia número trece del juicio por los cuadernos de la corrupción. Cristina Fernández de Kirchner, acusada de ser la jefa de la asociación ilícita creada desde el Poder Ejecutivo para recolectar 175 coimas de algunos de los empresarios más poderosos del país, estará ausente por primera vez en la sala digital del proceso.
Las razones son de conocimiento público:este último fin de semana, la ex mandataria sufrió un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada en su domicilio de la calle San José, donde cumple prisión domiciliaria. Permanece internada bajo permiso de la Justicia federal en el Sanatorio Otamendi.
La maratónica lectura de la acusación, por su parte, llega a su recta final en el Tribunal Oral Federal N°7. La audiencia de hoy continuará con la última parte de la acusación de la querella de la Unidad de Información Financiera en el expediente paralelo que investiga el promiscuo vínculo entre políticos y empresarios, la cartelización de la obra pública, conocido en Comodoro Py como el caso de “La Camarita”, centrada en la Cámara Argentina de Empresas Viales.
CFK, Julio De Vido y el ex secretario de Obra Pública José López -que declaró como arrepentido- son los tres principales imputados políticos, junto a cuatro funcionarios de tercera línea del ex Ministerio de Planificación que De Vido comandaba, con la ayuda de Ernesto Clarens y el empresario Carlos Wagner, pilares del esquema de recaudación.
Hay más de 50 empresarios acusados, entre ellos Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y Aldo Benito Roggio, ambos arrepentidos en la causa. “La Camarita”, una suerte de club de reparto de proyectos con dinero público, garantizaba retornos al Poder Ejecutivo de entre un 3 y un 20 por ciento.
El grupo de Calcaterra, según la acusación de Stornelli, recibió la adjudicación de 23 obras en el período investigado por más de $2800 millones, de cara a los $3,5 millones que supuestamente pagó en sobornos. Roggio, ex presidente de la firma Benito Roggio e Hijos, está acusado de realizar once pagos espurios entre junio de 2009 y septiembre de 2010 por $5,9 millones. La Dirección Nacional de Vialidad, según el Ministerio Público Fiscal, le adjudicó 22 obras por más de $3300 millones.
La UIF -dirigida por el fiscal Paul Starc y representada en el proceso por Mariano Galpern, director de litigios penales- se expresó en duros términos en la audiencia pasada. Habló de una “organización criminal” comandada por las “máximas autoridades” para “enriquecerse ilegalmente” y usar esos fondos para “la comisión de otros delitos” con funcionarios que “se aprovecharon de sus cargos”. El tren de dinero que comenzaba en las oficinas del financista Clarens -en un circuito paralelo al del chofer Oscar Centeno y su jefe Roberto Baratta- terminaba en la residencia de los Kirchner en Recoleta, en la Quinta de Olivos o en la Casa Rosada misma. Recordaron, entre otras cosas, el supuesto poder que José López ejerció sobre CFK tras la muerte de Néstor Kirchner.
Si la lectura termina, tal como anunció el juez Enrique Méndez Signori, podrá comenzar hoy martes la acusación del expediente 18590/2018, de 92 páginas de largo. Esta causa paralel investiga a Julio De Vido, el ex funcionario y arrepentido Claudio Uberti, que encabezó el Órgano de Control de Concesiones Viales, junto a otros ocho empresarios, que investiga las coimas en la concesión del Corredor Vial N°1, supuestamente ocurridas entre 2003 y 2007.
El último expediente paralelo que queda en juego es el que investigó las irregularidades en contratos ferroviarios durante el primer período del kirchnerismo, con Juan Pablo Schiavi como principal imputado. En todo caso, el tiempo apremia. El Tribunal agendó una audiencia más antes del receso por la feria de verano para el martes próximo a las 9 AM. El juicio será retomado el 2 de febrero de 2026, con las indagatorias a los 86 acusados.
En pocas líneas:
La UIF acusó a CFK y De Vido de cobrar 175 coimas
Así, siguieron las imputaciones a otros empresarios, que declararon en sus indagatorias que Clarens, además de ofrecerles descontar cheques en su financiera, les ofrecía un servicio de acelere de cobros, a cambio de una comisión, otra constante en la causa de “La Camarita”, una “gratificación”, la llamó un empresario, “siempre a posterioridad del resultado del pago de certificado de pagos atrasados”, con sobres en cash en Puerto Madero.
“Siempre reclamaba más dinero del que estaba dispuesto a pagar”, aseguró un acusado, que relató el amor del financista patagónico por el efectivo, lo que llevaba a lubricar aún más el mecanismo.
En paralelo, se detallaron llamados de los acusados a Clarens y a la cúpula del Poder Ejecutivo.
Luego, la UIF acusó a CFK, De Vido y José López de cobrar 175 coimas en el caso de “La Camarita”, con la confesión de Clarens como prueba principal para esta imputación, con una lista detallada de cuántas veces pagaron los empresarios y cuánto dinero, con valores expresados en pesos.
Comenzó la audiencia número trece del juicio de los cuadernos: Ernesto Clarens, ausente
La audiencia comenzó a las 9:20. CFK se encuentra representada por sus abogados. Ernesto Clarens, uno de los imputados principales de “La Camarita”, también se ausentó por motivos de salud.
El primer imputado en ser señalado por la UIF durante la jornada del martes fue Luis Armani, empresario, presidente de Vialmani, complicado por las confesiones de Wagner y Clarens, acusado de dos pagos. Vialidad le adjudicó 18 obras por más de $2000 millones de pesos en el período investigado por la megacausa Cuadernos; $500 millones fueron adjudicados a Vialmani directamente.
Armani miraba fijo a cámara en la transmisión, lo mismo Wagner. Julio De Vido, preso en la Colonia Penal de Ezeiza tras su condena por la tragedia de Once, se mostró con una nueva abogada que no había sido vista con anterioridad en el proceso, Daniela Fernández, parte del estudio de Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, históricos defensores del ex ministro.
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