Una legisladora libertaria quedó involucrada en las irregularidades de la campaña presidencial de Espert

El fiscal federal Ramiro González le tomó declaración este lunes a la legisladora porteña Lucía Montenegro y a su padre, Antonio Montenegro, quienes fueron autoridades de Unite cuando en 2019, bajo ese sello, José Luis Espert se presentó como candidato a presidente. La Justicia ya sancionó al partido por las irregularidades financieras de la campaña y ahora avanza sobre los responsables políticos y económicos.

La Fiscalía Federal N° 1, que tiene competencia electoral, llevó adelante el control patrimonial del partido y pidió desaprobar los balances presentados en 2019, año en el que el diputado Espert voló en los aviones del presunto narcotraficante Federico “Fred” Machado.

El fiscal Ramírez entendió que con la documentación presentada no se pudo acreditar origen y destino de los fondos de campaña.

En la rendición de cuentas del financiamiento público que otorga el Estado hay dinero que no se sabe en qué se gastó. También se detectaron aportes privados que no fueron declarados y falta de documentación (recibos, facturas, extractos bancarios, constancias de publicidad) que respalden los gastos enunciados.

La desaprobación del balance fue confirmada por la jueza María Romilda Servini en 2023, y significó la pérdida de aportes para Unite, tal como lo establece la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

Luego de las irregularidades en la campaña de Espert, el partido directamente dejó de rendir cuentas, según confirmaron a Infobae fuentes con acceso al expediente.

En mayo de 2021, ante las anomalías detectadas, el fiscal González hizo una denuncia penal. Ese caso es el que ahora está a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Alejandra Mángano, que este lunes le tomaron declaración a un empresario de la aviación vinculado a los vuelos del entonces candidato presidencial y “Fred” Machado.

En paralelo, una vez confirmada la sanción a Unite, la Justicia abrió un proceso administrativo sancionador contra las autoridades partidarias del espacio. La legisladora Montenegro y su padre, según consta en la causa, eran responsables financieros del partido.

De avanzar la acusación en su contra, la diputada porteña se enfrenta a una posible inhabilitación para ejercer cargos públicos que podría ir desde seis meses hasta 10 años.

Qué declaró Lucía Montenegro

La legisladora libertaria y su padre presentaron un descargo ante la Fiscalía para desligarse de la acusación. Según manifestaron, “el cargo era una formalidad” y ellos no administraron el dinero ni recibieron pago alguno por las tareas que desempeñaron en el partido. “Todo parte de la actividad militante”, resumieron.

Además, apuntaron contra José Bonacci, padre de la diputada nacional -también libertaria- Rocío Bonacci y presidente Unite hasta 2023.

También aportaron otro nombre: Raul Ernesto Habra, a quien ubicaron como contador del partido y socio de Bonacci padre.

En La Plata, el contador fue procesado por el juez federal Alejo Ramos Padilla por sus presuntos negocios electorales con “sellos fantasma” e imprentas cómplices que falsificarían la impresión de boletas para justificar los fondos de campaña que entrega el Estado.

“Todo lo que esté mal lo deberán explicar ellos, que tenían dominio real de la situación”, dijeron los Montenegro al fiscal.

José Bonacci será citado a declarar. La semana pasada avisó en Comodoro Py que cambió de abogado, lo que demoró su presentación ante la Justicia.

Hay una fuerte expectativa por lo que pueda decir, sobre todo en relación al vínculo que existió entre Espert y Machado.

En 2019 Unite no declaró ningún aporte privado a la campaña, aunque se probó que el candidato voló al menos 36 veces en aviones del empresario que pidió extraditar la Justicia de Estados Unidos y el propio Machado reconoció públicamente haber colaborado con las aspiraciones presidenciales del economista.

En cambio, el contador Raul Ernesto Habra operó como un “profesional independiente” para Unite. Esto lo alejaría de la acusación -limitada a las autoridades partidarias-, aunque fuentes judiciales no descartaron que también sea citado en caso de robustecerse las pruebas en su contra.

Una vez que termine la ronda de declaraciones, el fiscal Ramírez quedará en condiciones de decir, en base a las pruebas obtenidas, si archiva el expediente o formaliza una acusación para llevar a juicio a los responsables del partido.