Julio De Vido pidió ser absuelto en el juicio por las irregularidades en la compra de Gas Natural Licuado

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, pidió su absolución en el juicio por las presuntas irregularidades en la adquisición de 11 buques de gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2009. “Es la única salida justa y reparadora al desastre judicial de todo este proceso”, sostuvo su defensa en el alegato que presentaron este martes ante el Tribunal Oral Federal N° 7, durante una audiencia virtual.

De Vido, representado en este debate oral y público por los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, está acusado junto a Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio, como coautor del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Para el exministro, la fiscal Fabiana León pidió una condenada de cuatro años y ocho meses de cárcel, mientras que para Baratta, su mano derecha durante la gestión, solicitó 4 años y 6 meses de prisión.

El Ministerio Público Fiscal también pretende la inhabilitación perpetua de ambos para ejercer cargos públicos, además de la restitución solidaria y actualizada del perjuicio económico presuntamente causado al Estado, por 5.523.345 dólares.

Durante la audiencia de este martes, el defensor Maximiliano Rusconi lanzó fuertes críticas hacia la fiscalía y sostuvo que en el juicio quedó demostrado el “absoluto fracaso de la tesis postulada” por la acusación.

“Julio De Vido no violó ningún deber a su cargo. Ni de vigilancia, ni de control, ni de corrección. Lejos de eso, actuó dentro de la ley y conforme a las facultades que poseía”, alegó el letrado.

Y siguió: “Además quedó demostrado que no se configuró ningún tipo de perjuicio ni actual ni potencial” al patrimonio del Estado, ni tampoco “se encontró nada referido a que De Vido haya ordenado omitir los controles”.

En la misma línea, y también con cuestionamientos al Ministerio Público Fiscal, se pronunció el defensor Palmeiro: “Quisieron hacer este juicio para sostener la acusación, para que no termine todo mostrando a la sociedad cómo es lo más nefasto de las intervenciones que puede tener el Poder Judicial en este tipo de operaciones, en el marco de un proceso donde impidieron que los imputados fuesen sobreseídos, como finalmente terminaron por decisión del juez Julián Ercolini”, sostuvo.

La referencia del abogado radica en que inicialmente se investigaron supuestos sobreprecios en la adquisición del GNL entre 2008 y 2015, y entre los imputados estuvo la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.

Tanto ella como el resto de los funcionarios fueron sobreseídos en ese tramo de la causa por falta de mérito, luego de que se comprobara que el peritaje que se usó para impulsar la acusación, a cargo de David Cohen, presentó datos falsos y falaces por “una intención deliberada de tergiversar la verdad”.

De todo ese caso se elevó a juicio un remanente por las presuntas irregularidades en la intermediación de los 11 cargamentos. Seis de estos fueron gestionados por YPF S.A. y adquiridos a Repsol Comercializadora de Gas S.A., por un monto total que ascendió a USD 267.935.139,33.

Los cinco cargamentos restantes se compraron a través de las empresas Diligentia y Dysan, que actuaron como intermediarias con Gas Natural y Morgan Stanley, sumando un total de USD 112.475.792,35.

Estas últimas dos compañías son propiedad del tercer involucrado en el caso: Nicolás Dromi San Martino, director ejecutivo de la empresa Diligentia S.A. e hijo de Roberto Dromi, el fallecido exministro de Carlos Menem. Está acusado de ser partícipe necesario de la administración fraudulenta, y sobre él pesa un pedido de pena de cuatro años.

Según la acusación, se habrían pagado comisiones y honorarios por intermediación por un monto global de USD 5.523.345,02. De este total, USD 4.791.600 se destinaron a Diligentia y USD 731.744,50 a YPF S.A.

La fiscalía sostuvo que no se demostró la existencia de un servicio técnico, logístico o contractual adicional que justificara dichos pagos, por lo que entendió que fueron parte de un accionar corrupto.

Una vez culminados los alegatos de la defensa de De Vido, el presidente del TOF N° 7, Enrique Méndez Signorini, llamó a un cuarto intermedio hasta el 23 de septiembre. El siguiente martes, según adelantó el juez, sería la audiencia final del juicio.

El contexto de las supuestas irregularidades

La adquisición de los buques ocurrió en el marco del Programa Energía Total (PET), creado en julio de 2007 como respuesta al déficit energético que el país arrastraba desde los últimos dos años, cuando dejó de exportar gas a Chile, Brasil y Uruguay, y pasó a importar desde Bolivia.

El objetivo inicial del PET -que tenía a Baratta como titular de de la Unidad Ejecutora del programa- era sustituir el consumo de gas natural y energía eléctrica por combustibles alternativos.

Al año siguiente, en 2008, el programa se amplió para “garantizar el abastecimiento de combustibles líquidos y gaseosos”, y se estableció un Plan de Provisión de GNL Regasificado, que asignó a Enarsa la función de adquirir GNL, ya fuera directamente o a través de terceros.

Para la fiscalía, estas adquisiciones financiadas con fondos públicos infringieron las normativas vigentes sobre el uso de recursos del Estado y la contratación pública.

Entre las principales irregularidades señaladas, se destacaron la ausencia de licitación pública o procedimientos competitivos. Además, la fiscal León alegó una delegación irregular de la gestión operativa de Enarsa, ya que la empresa actuó como intermediaria pasiva cuando, según el esquema del PET, debía gestionar directamente las compras como Unidad de Gestión Técnico-Operativa.

Otro punto crucial fue la “inobservancia del deber de dictar un reglamento interno de contrataciones”, lo que el Ministerio Público Fiscal definió como “el centro del mecanismo fraudulento”. Esta omisión, siempre según la acusación, habría dado lugar a “una zona de discrecionalidad e informalidad incompatible con el manejo de fondos públicos”.

Allí reside la presunta inacción que le imputan a De Vido y Baratta, dado su deber legal de supervisar, corregir y controlar los actos de Enarsa.