El empresario Eduardo Kovalivker, principal accionista de la droguería Suizo Argentina, se presentó este viernes junto a su abogado en los tribunales federales de Comodoro Py para cumplir con la orden de requisa dispuesta en la causa que investiga presuntos pagos ilegales en la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Se trata del expediente que instruye el juez federal Sebastián Casanello con la intervención del fiscal Franco Picardi, que se abrió a partir de la difusión de audios del ex director de la agencia, Diego Spagnuolo, en los que se describía un circuito de supuestas coimas y se mencionaba de manera directa a la firma de la familia Kovalivker.
El empresario se presentó en el fuero penal federal acompañado de su abogado, Martín Magram, que también representa a sus hijos Jonathan y Emmanuel, actuales responsables de la compañía. En su paso por la fiscalía, hizo entrega de su teléfono celular para que sea sometido a peritajes, tal como había sido solicitado en el expediente.
En el caso de su hijo Emmanuel, su teléfono fue secuestrado la semana pasada durante un allanamiento en su domicilio en Nordelta, cuando intentaba salir en su vehículo. En el interior del auto se encontraron 266 mil dólares y siete millones de pesos en efectivo, repartidos en sobres. Jonathan, por su parte, había logrado abandonar el barrio privado antes de la llegada de la Policía de la Ciudad, aunque días después se presentó en tribunales para cumplir con la medida ordenada por el juez Casanello.
Ambos entregaron sus celulares sin facilitar las claves de acceso, lo que plantea un desafío técnico para los peritos judiciales que intervendrán por pedido del Ministerio Público Fiscal.
Por otra parte, en términos societarios Eduardo Kovalivker controla el 64,5% de las acciones de Suizo Argentina, mientras que Jonathan posee poco más del 21% y Emmanuel apenas el 0,015%, aunque este último cumple funciones ejecutivas en la firma. Si bien Eduardo se alejó de la gestión diaria para dedicarse a la escritura, aún conserva el control mayoritario del negocio.
La pesquisa sobre la empresa, en efecto, se activó tras el escándalo que suscitaron los audios donde una voz, que sería la de Spagnuolo, relataba presuntas maniobras de recaudación ilegal en el circuito de compra de medicamentos para el área de Discapacidad, y mencionaba supuestos vínculos con funcionarios cercanos al oficialismo, entre ellos Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
A partir de esas revelaciones, Casanello y Picardi desplegaron una batería de medidas: más de una decena de allanamientos, el secuestro de documentación de la compañía y de la propia ANDIS y citaciones a declaración indagatoria. Este viernes, para el caso, se llevaron a cabo requisas en sedes del organismo público y la empresa mencionada en los audios con el cometido de dar con documentación de interés para la causa. Las diligencias fueron efectuadas por personal del Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad
La causa continúa en pleno desarrollo. El juez Casanello ya tomó declaración a varios de los involucrados y el fiscal Picardi avanza con la línea de investigación centrada en los contratos entre la droguería y la ANDIS. Al mismo tiempo, se multiplican los interrogantes sobre el origen de los fondos secuestrados a Emmanuel Kovalivker y sobre la eventual responsabilidad de funcionarios públicos en el esquema denunciado en los audios.
En paralelo, Spagnuolo designó recientemente a sus abogados defensores, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, especialistas en derecho penal económico y tributario. Desde su presentación en el expediente ya quedaron habilitados para empezar a plantear su estrategia de defensa.
Mientras tanto, el Gobierno dispuso una auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad, después de que designaran a Alejandro Vilches como interventor del organismo. De esta manera, el funcionario de confianza del ministro de Salud, Mario Lugones, tendrá como objetivo analizar posibles irregularidades detectadas en los procesos de compra y gestión.
Como resultado de la investigación interna, las autoridades identificaron que se realizó un pago con sobreprecio en el marco del programa Incluir Salud, el cual está destinado a la compra y entrega de medicamentos para las personas que no cuentan con cobertura médica o con pensiones no contributivas.
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