La justicia federal comenzó a investigar si Claudia Insaurralde, pareja de Lázaro Báez, intentó desapoderar propiedades embargadas del empresario, condenado y detenido por la causa Vialidad, por la cual deberá pagar más de 500 millones de dólares.
Los manejos de la mujer habrían sido a través de alquileres irregulares de los bienes decomisados del empresario, según indicaron fuentes judiciales a Infobae.
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola ya ordenaron las primeras medidas de prueba, entre ellas conocer todas las propiedades desde 2016 a la actualidad que estén a nombre de Insaurralde. Si vendió bienes y qué registros ante escribano público hizo con el empresario.
Báez tiene dos condenas firmes. Una en la causa de lavado, por la llamada “Ruta del dinero K” y, la segunda, por el caso Vialidad, en el que fue condenado junto a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros siete acusados.
Las dos quedaron firmes este año luego que fueron ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y uno de los efectos de esa decisión es que se puede avanzar con el decomiso de los bienes.
Por la causa de lavado, Báez tiene que pagar 330 millones de dólares y por Vialidad 537 millones de dólares de manera solidaria con el resto de los condenados. Por lo tanto, el reaseguro de los bienes es fundamental para poder cumplir con el decomiso y que el Estado pudiese recuperar lo robado.
Las sospechas de la Justicia
Los primeros indicios de que algo no andaba bien comenzaron durante la mañana del 24 de junio pasado cuando Insaurralde fue a visitar a Báez a la cárcel federal de Río Gallegos. Los agentes penitenciarios detectaron que la mujer fue con una carpeta con documentos vinculados a propiedades de Báez. Le impidieron el ingreso con esos papeles e informaron de la situación a la Justicia.
Frente a eso, el abogado de Báez, Martín Villanueva, informó que la mujer no había llevado documentos sobre propiedades, sino un poder para designar nuevos abogados ante una audiencia de testigos que se iba a realizar y que Báez tenía que firmar.
Los fiscales calificaron esos argumentos de “manifiestamente inverosímiles” y señalaron que se podría estar ante una maniobra por la cual Báez buscaría desapoderarse de bienes ante la situación judicial que atraviesa con un decomiso confirmado y que se comenzó a ejecutar.
Así, Luciani y Mola le pidieron al Tribunal Oral Federal 2, que tiene el caso Vialidad, una serie de medidas. Pero los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu entendieron que la Fiscalía tenía la propia facultad de hacer esa investigación.
Sin embargo, el tribunal sí le ordenó a los agentes de la cárcel de Río Gallegos que ante una nueva situación similar le saquen foto a toda documentación que las visitas le quieran llevar a Báez.
El procedimiento fiscal
La Fiscalía ya comenzó con las medidas. Una de ellas fue pedirle a los distintos Registro de la Propiedad Inmueble de todo el país que informen “todos los bienes muebles e inmuebles que haya registrado Insaurralde desde 2016 hasta la actualidad, aunque la titularidad no subsista en cabeza de esta a la fecha en que se brinda la información“.
“En relación con esto último, el pedido debe retrotraerse a tiempos anteriores, ya que, en caso de que Insaurralde haya operado en calidad de ´prestanombre o testaferro´ de Báez, bien pudo haber transferido la titularidad de los bienes a un tercer adquirente“, explicaron los fiscales.
Lo mismo le solicitaron a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, al Registro Nacional de Buques y al Registro Nacional de Aeronaves.
También le pidieron a los Colegios Públicos de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut y Mendoza que informen si constan registros de todo tipo de actos en los que hayan participado Báez e Insaurralde desde 2016 a la fecha.
Otra de las medidas es sobre un poder de administración de bienes que Báez firmó a favor de Insaurralde en 2020. Los fiscales señalaron que con las condenas firmes los bienes del empresario tienen que ser decomisados por lo que ese poder perdió vigencia. Por eso le ordenaron a Insaurralde que se abstenga de realizar cualquier acto sobre el patrimonio de Báez.
Las fuentes consultadas señalaron que se dispusieron otras medidas que se mantienen en reserva.
En los últimos días aparecieron sospechas sobre el alquiler de las propiedades de Báez. En el programa “WIFI”, del canal A24, Roberto Bucarey denunció que en 2022 alquiló cabañas propiedad del empresario en 28 de Noviembre, una localidad de Santa Cruz.
Bucarey relató que él y otras familias pagaban 30 mil pesos de alquiler en una cuenta bancaria a personas allegadas a Insaurralde y que reclamaban un contrato formal hasta que fueron amenazados y desalojados del lugar por una patota sindical.
El hombre hizo una denuncia penal en la justicia de Santa Cruz pero nunca avanzó y ayer, luego de hacer público su caso, fue amenazado.
Ese complejo de cabañas forma parte de los bienes que la justicia le embargó a Báez. Las fuentes consultadas señalaron que cuando un bien es embargado, el objetivo es que no se puede vender y que está a resguardo en caso de que deba ser decomisado.
Pero mientras dura la causa penal la persona puede disponer de ese bien y, en el caso de una vivienda, usarla o alquilarla. El producto de ese alquiler puede ser utilizado como parte del decomiso, pero eso no se logra si se hace de manera ilegal, como fue denunciado en el caso de las cabañas de Báez.
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