El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, quedó formalmente imputadp por lavado de activos, en el marco de una investigación en la que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil. También quedó imputada la ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar Claudia Pombo, su hermana, un juez de La Plata y el director provincial de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). El foco esta puesto en saber si, desde diciembre de 2021, los involucrados han incrementado de forma ilícita e injustificada su patrimonio, “por sí y/o a través de interpósitas personas, incluyendo su núcleo familiar y de confianza”.
La causa se inició en octubre con la denuncia de un particular por una trama de “gestores” que contactaban a infractores, les cobraban un porcentaje de la multa y prometían darla de baja del sistema. A esa denuncia se sumó como particular damnificada la empresa Secutrans, proveedora del sistema de fotomultas, que había experimentado una merma considerable en su recaudación mensual por las infracciones. Además, a través de licitaciones otorgadas de manera irregular, algunos empresarios habrían recibido contratos millonarios sin seguir los procedimientos establecidos por la ley de proveedores.
De acuerdo a la resolución de González Charvay, tras el dictamen fiscal, “el objeto procesal de la presente es determinar si el Sr. Jorge Alberto D’Onofrio y/o la Sra. Claudia Nélida Lucía Pombo, al menos durante el período que comprende al primero de ellos desempeñándose como Ministro de Transporte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por sí mismos y/o a través de interpósitas personas físicas o jurídicas, incluyendo su núcleo familiar y de confianza (que estaría conformado al menos por Facundo Asencio, Agustina Cuadra, Mario Quattrochi, Roxana Elma Pombo y Héctor Marcelo Suárez Basail), pusieron en circulación en el mercado bienes provenientes de delitos (siendo presuntamente estos, al menos, aquellos que fueran detallados en la denuncia -y que serán abarcados en las diligencias que habrán de solicitarse-), que habrían cometido en el ejercicio de la función pública local, y que actualmente estarían siendo investigados en el marco de las siguientes I.P.P.: N° 10- 00 -041617-24/00 “Secutrans S.A. S/ asociación ilícita” del Juzgado de Garantías Nro. 5 de Morón, N° 15-00-41213-24 del Juzgado de Garantías Nro. 2 de San Martín y N° 06-00-56058-23/00, caratulada “Quattrochi s/ fraude a la administración pública” de la UFI N°11 de La Plata; con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito -cf. art. 303 e inc. 2° apartado b) del Código Penal, según Ley 27.739″.
El juez señaló que “como segunda hipótesis deberá verificarse si durante el mismo período, y a partir de las presuntas acciones delictivas referenciadas en el párrafo que antecede, el Sr. Jorge Alberto D’Onofrio (DNI 16.181.355), como Ministro de Transporte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y/o la Sra. Claudia Nélida Lucía Pombo (DNI 18.517.958), como presidenta del Honorable Consejo Deliberante del Municipio de Pilar, por sí y/o a través de interpósitas personas -físicas o jurídicas-, incluyendo su núcleo familiar y de confianza antes descripto, han incrementado ilícita e injustificadamente de manera apreciable su patrimonio -cf. art. 268 (2) del Código Penal- y/o violado sus deberes de funcionario público -cf. art. 249 del C.P.-.
Para avanzar en la pesquisa, se ordenó proceder al levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil respecto de Jorge Alberto D’Onofrio, Claudia Nélida Pombo, Agustina Cuadra, Facundo Asensio, Roxana Elma Pombo, Mario Quattrochi y Héctor Marcelo Suárez Basail, al efecto de lograr recabar los datos de interés de los nombrados, establecer fondos de las posibles cuentas, movimientos y saldos”.
Al Banco Central de la República Argentina (BCRA) se le pidió conocer cuentas corrientes, cajas de ahorro y otros activos en pesos y moneda extranjera pertenecientes a los investigados. A la la Unidad de Información Financiera (UIF), si existen Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y antecedentes vinculados a los imputados, además de colaboración con organismos internacionales, incluyendo pares en España, a través de la plataforma del Grupo Egmont. A proveedoras de criptomonedas se instruyó verificar si los investigados son clientes y proporcionar información sobre sus movimientos desde fines de 2021.
En La Plata, el fiscal Álvaro Garganta también apuntó al ministro como parte de un esquema paralelo de gestores que ofrecían la posibilidad de eliminar las multas de tránsito a cambio de un porcentaje del monto que el infractor debía pagar. La comisión que se cobraba por borrar las multas era del 30% del monto original. Esto generó graves pérdidas económicas a Secutrans, la empresa encargada del sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires. Según la denuncia, la firma sufrió una caída en sus recaudaciones de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales debido a estas prácticas fraudulentas. Allí aparece la figura del juez de faltas Mario Quattrochi, sospechado de eliminar esas infracciones.
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