Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña tuvieron en cuenta hoy una serie de pruebas clave para confirmar la condena de la ex presidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos pública en el caso de la obra pública en Santa Cruz.
Se trata de los mismos argumentos que había valorado el Tribunal Oral Federal 2 cuando en diciembre de 2022 condenó a la ex presidenta: la firma de un decreto que modificó un fideicomiso para el manejo de los fondos de la obra pública, su relación comercial con Lázaro Báez -quien recibió 51 obras públicas para Santa Cruz- y lo que se conoció como el “plan limpiar todo”.
“Que desde 2003 a 2015 funcionarios públicos nacionales y provinciales, entre los que se encontraba la dos veces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, llevaron a cabo una maniobra fraudulenta que perjudicó de manera trascendente a las cuentas del Estado nacional, pues se desvió el dinero público en favor del empresario Lázaro Antonio Báez a partir de la asignación de obra pública vial a sus empresas”, sostuvieron los magistrados.
Y particularmente sobre Cristina Kirchner señalaron que “era la máxima autoridad a cargo de la protección de los bienes públicos en cuestión, resultando insuficiente escudarse detrás de su posición jerárquica y una alegada lejanía causal con los bienes materiales confiados a su competencia funcional para sustraerse de sus funciones primordiales y de los deberes institucionales asumidos”.
Los jueces señalaron en sus argumentos que Cristina Kirchner, a instancias del ex secretario de Obras Públicas José López -también con la confirmación de su condena de seis años de prisión-, firmó el decreto 54/2009. Con ese decreto se permitió que los fondos del fideicomiso de la obra pública quedaran a disposición de la Dirección Nacional de Vialidad, a cargo de Nelson Periotti -también condenado a seis años de prisión- para el pago de los certificados de obra.
“En definitiva, en función de su rol como Presidenta de la Nación y, en consecuencia, responsable de los fondos del fideicomiso, cualquier comportamiento activo y doloso que engendre o incremente un riesgo más allá del permitido y que resulte en lesión de recursos que son públicos, como lo fue el dictado del decreto 54/2009 o los comportamientos analizados de noviembre y diciembre de 2015, independientemente de su afectación específica a alguna jurisdicción y/u organismo descentralizado, confirmada su antijuridicidad, entonces el injusto penal resultante es reprochable al agente”, dijeron los magistrados.
La referencia a los comportamientos de noviembre y diciembre de 2015 es por lo que el fiscal del juicio oral Diego Luciani llamó el “plan limpiar todo”. Se trató de los mensajes de Whatsapp que se encontraron en el celular de López cuando fue detenido en junio de 2016 en el convento de General Rodríguez con bolsos con nueve millones de dólares y por los que fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito.
Esos mensajes dan cuenta de reuniones de López con Cristina Kirchner, con Báez, comunicaciones con Julio Mendoza -presidente de Austral Construcciones- y de encuentros del empresario con la entonces presidenta en noviembre de 2015, a pocos días de que Mauricio Macri asuma la presidencia de la Nación. Allí se hace referencia a que Báez tenía que cobrar todo lo que se le adeudaba antes que Cristina Kirchner deje el gobierno para después cerrar las empresas.
Para los jueces de Casación la entonces presidenta se involucró para que Báez cobre los fondos que se le adeudaban antes que deje el gobierno. Eso tenía una razón y era que el empresario era su socio comercial. Mientras que Báez cobraba por las obras públicas parte de esos fondos (explicaron los jueces) iban a negocios de la familiar Kirchner. Fundamentalmente al alquiler de hoteles y propiedades. Eso se investiga en los casos “Los Sauces-Hotesur”.
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