Tres municipios del conurbano bonaerense se presentaron en los últimos días en la justicia federal para solicitar la inconstitucionalidad de la resolución del gobierno de Javier Milei que les prohíbe cobrar sus impuestos en las boletas de servicios públicos.
Los planteos se suman a otros dos que ya tuvieron fallos favorables y que suspendieron la decisión del Poder Ejecutivo. La semana pasada la justicia dictó medidas cautelares a favor de las municipales de Pilar, a cargo de Federico Achaval, y de Moreno, de Mariel Fernández, y suspendió la resolución 267 de la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación, que depende del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo.
Y ahora se sumaron en los pedidos Quilmes, cuya intendenta es Mayra Mendoza, Tigre, de Julio Zamora, y San Fernando, de Juan Andreotti. El planteo de Quilmes quedó radicado en el juzgado federal de esa jurisdicción, a cargo de Luis Armella. Los dos restantes tramitan en la justicia en lo civil y comercial y contencioso administrativo federal de San Martín.
La Secretaría de Comercio e Industria dispuso en su resolución que los municipios ya no podrán cobrar más sus tasas municipales en las boletas de servicios públicos. La medida se tomó para diferenciar los impuestos locales de los servicios y así que el cliente pueda distinguir lo que paga. El gobierno entendió la decisión como una defensa de los derechos del consumidor y avaló que los municipios cobren sus tasas de manera diferenciada con otro mecanismo.
Los intendentes criticaron la medida y señalaron que una ley de la provincia y ordenanzas municipales los avalan a cobrar sus tasas de esa manera. Explicaron además que es una manera ágil de recaudar fondos y que hacerlo de otra manera perjudica los servicios que brinda.
Por debajo subyace otro problema. En los municipios temen que si cobran de otra manera con la crisis la gente no pague los impuestos, mientras que los servicios públicos sí lo harán por miedo a que se los corten y se queden sin luz o gas.
En su resolución, que fue publicada en el Boletín Oficial el 10 de septiembre pasado, las empresas de servicios públicos tienen un plazo de 30 días para adecuar sus boletas a la nueva normativa y si no lo hacen podrán ser sancionadas. En las dos primeras causas que se resolvieron el juez federal Adrián González Charvay le dio la razón a Pilar y Moreno y dictó medidas cautelares que suspendieron la aplicación de la resolución específicamente para esos municipios. La decisión es hasta tanto se resuelva el reclamo de fondo que es la inconstitucionalidad de la normativa. En el caso de Moreno, el Ministerio de Economía apeló la medida cautelar para que sea revisada por la Cámara Federal de San Martín.
Pilar y Moreno reclamaron poder seguir cobrando la tasa de servicios generales en la boleta de Edenor SA y la tasa de vigilancia, inspección y desarrollo en la de la empresa de gas Naturgy BAN S.A. El magistrado recordó que “la Constitución de la Provincia de Buenos Aires autoriza a los municipios a dictar ordenanzas y reglamentos, dentro de las atribuciones que le confiere, y a votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo”, y que lo que se recauda con el cobro de las tasas se usa “para sostener y mantener el alumbrado público, y el servicio eléctrico brindado a las distintas instituciones y edificios municipales, como así también, el costo de las inspecciones efectuadas a las redes de circulación y suministro de gas natural, cuyo mantenimiento y buen estado resulta esencial dada su peligrosidad”. Así, modificar la forma de cobro “afectaría el funcionamiento de los distintos servicios municipales, edificios e instituciones que se sustentan con las mismas”.
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