El fiscal de la Cámara Federal insiste en anular el fallo que le permitiría a “Pepín” Rodríguez Simón volver al país

El fiscal interino ante la Cámara Federal José Luis Agüero Iturbe apeló este martes la decisión de la Cámara Federal porteña que confirmó la decisión para que el ex asesor macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón pudiera regresar al país, previo pago de una millonaria fianza, sin riesgo de quedar detenido. Para el Ministerio Público, la Cámara Federal de Casación Penal debe anular esa decisión por arbitraria y falta de fundamentos.

“Persistir en autorizarlo a volver al país sin cautela suficiente es peligroso; si se lo permite, además a través de una resolución arbitraria, no caben dudas sobre lo incorrecto de la decisión ya que no se estarían respetando los fines que inspiran la ley sino que, antes, se los estaría dificultando”, sostuvo el fiscal en un dictamen al que accedió Infobae.

Ahora, la Sala II de la Cámara Federal analizará si concede el recurso -de no hacerlo, se podrá ir en queja- y será la Sala III de Casación la que definirá la cuestión. La última novedad que había tenido la causa es que la defensa de “Pepín” avisó que se encontraba haciendo los trámites para hacer efectiva la fianza, a través de un seguro de caución. Se trata de una caución real de $3.120.000.000.

“Pepín” Rodríguez Simón decidió irse en 2021, cuando la jueza Servini avanzaba en la investigación por presunta extorsión a los dueños del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, durante el gobierno de Cambiemos. Se trata de la denuncia que radicó por asociación ilícita el empresario De Sousa diciendo que se conformó una banda para sacarle el Grupo Indalo y en la que operó en conjunto con la AFIP y la prensa. Allí fueron acusados el ex presidente Mauricio Macri, “Pepín” y otros funcionarios de la AFIP.

Servini llamó a indagatoria a Rodríguez Simón, pero el ex asesor no se presentó a la cita. Fue entonces cuando la jueza lo declaró en rebeldía y dictó una orden de captura. Sin embargo, para esa altura, “Pepín” iniciaba el trámite ante la CORE (Comisión de Refugiados) para obtener la condición de refugiado en Uruguay. Desde entonces se quedó en el país vecino, donde incluso tuvo una silla en el Parlasur.

La Corte Suprema de Uruguay rechazó un recurso de casación presentado por el ex funcionario macrista, pero el fallo no tuvo efectos inmediatos porque la defensa de Rodríguez Simón presentó un segundo pedido de refugio en diciembre de 2022 y amplió la denuncia contra el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

A cinco meses de la asunción del gobierno de Javier Milei, la defensa de “Pepín” sorprendió con un pedido de eximición de prisión para poder volver a la Argentina sin ser detenido y presentarse en los tribunales a su indagatoria. Entendió que con las nuevas autoridades podía volver y se estimaba corroborada una intención real de sustraerse de la justicia.

El 8 de mayo, la jueza Servini le concedió el pedido bajo caución real de $3.120.000.000 y la imposición de una serie de obligaciones procesales. Tanto el fiscal Guillermo Marijuan como los empresarios López y De Sousa apelaron contra la resolución de Servini. La defensa de Rodríguez Simón cuestionó que los querellantes pudieran oponerse al tema, pero la Cámara Federal confirmó su rol por “la amplia participación de la víctima en el marco de un proceso penal”. Y luego se abocó a resolver la cuestión de fondo.

Tal como lo detalló Infobae el 31 de mayo pasado, la Cámara Federal resolvió por dos votos a uno confirmar la decisión de Servini. El juez Martín Irurzun se inclinó por hacer lugar a las apelaciones en base a que no se acreditaban los argumentos de persecución y que se trataba de un prófugo, mientras que el juez Leopoldo Bruglia aludió a la excepcionalidad del caso: “Pepín” es un imputado buscado que la justicia argentina siempre supo dónde estaba. Se subrayó que la condición de refugiado está amparada por el derecho internacional. Y para poder avanzar en el expediente se necesita, por imperio de la legislación vigente, que se presente en los tribunales de Comodoro Py 2002. El juez Pablo Bertuzzi, llamado a desempatar, acompañó a Bruglia y defendió los argumentos de Servini.

El fallo, no obstante, fue apelado. El fiscal Agüero Iturbe sostuvo que “la cancelación de las restricciones procesales que pesan sobre Fabián Rodríguez Simón en esta causa sin que haya motivos valederos para ello y hacerlo a través de una resolución arbitraria, genera un riesgo concreto”. Y subrayó que “más allá de los nombres o expresiones que se usen en las presentaciones y decisiones judiciales consecuentes, lo cierto es que haber concedido la exención de prisión en esta situación y bajo el imperio de las circunstancias personales ya referidas importó crear un riesgo que es perturbador y que debe ser erradicado rápidamente”.

A criterio del Ministerio Público, “el agravio federal está en la decisión que permite, sin justificación y sin motivos objetivos, la libertad ambulatoria de quien ha demostrado su intención de escabullirse -no importan los motivos declamados, como se verá- a la Justicia argentina y a sus dictados”.

Según la fiscalía, “la discusión se centra, en este punto del debate, en cómo ha sido justipreciado por los jueces que forman la mayoría el comportamiento elusivo de Rodríguez Simón. A juicio del M.P.F. aquel desarrollo de fundamentación fue realizado de modo arbitrario y su resultado -convalidar la exención de prisión a un rebelde que no muestra voluntad de someterse a la Justicia ni signos de abandonar su comportamiento- salpica de tal modo el avance del proceso y perjudica la estrategia de la acusación que está justificada la presentación de este recurso”.

Para el fiscal, “las referencias directas a valorar -Rodríguez Simón no compareció a la citación judicial de 2021, traspasó las fronteras del país, vive en Uruguay y allí se opuso a ser extraditado y solicitó se lo considerara asilado político- deben ser unidas a las referencias indirectas que permiten el conocimiento de quién es el imputado y cómo fue y es su comportamiento elusivo”. También dijo que no está acreditada la “persecución” que aluden el imputado y su defensa “porque los magistrados que intervenimos en este proceso somos los mismos desde su iniciación, con lo que el argumento de haber recuperado ahora la credibilidad en la Justicia sin más explicaciones aparece como un intento de evitar ser apresado antes que una manifestación verosímil”