El Gobierno debatirá en el Congreso un criticado proyecto en materia de terrorismo elaborado por el kirchnerismo

Este miércoles se reunirán las comisiones de Justicia y Asuntos penales de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación con la intención de avanzar en la aprobación del proyecto que fuera elaborado por la administración de Alberto Fernández debido a la Evaluación de GAFI que debe enfrentar próximamente la Argentina.

En diálogo con Infobae, Juan Félix Marteau, titular de la firma de abogados que lleva su nombre y Director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires (CESH/UBA) en 2022 ya había advertido que se trataba de un proyecto de reformas mediocre, que acentúa la pésima legislación represiva que también fue elaborada en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que sólo garantiza confusión e ineficacia.

Este medio volvió a consultar a Marteau sobre esta iniciativa que ahora impulsa la administración que encabeza el presidente Javier Milei.

- Este miércoles se reunirán las comisiones de Justicia y Asuntos penales de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación con el objetivo de aprobar el proyecto que fuera elaborado por el gobierno de Alberto Fernández en el que se modifican artículos del Código Penal en materia de terrorismo y financiación del terrorismo. ¿Mantiene su posición sobre el bajo estándar de esta reforma?

- La legislación argentina hoy vigente en materia de prevención y represión del terrorismo es escueta y mala. Técnicamente, es ineficaz. El Código Penal de la Nación fue modificado por la Ley 26.734 por iniciativa de la administración Cristina Fernández de Kirchner, luego de la horripilante evaluación de GAFI que nos mandó a la lista gris.

Esta norma, hoy vigente, impuso un régimen exótico con relación al terrorismo que prácticamente es único en los países de la comunidad occidental: derogó la única figura penal que teníamos en el código, el delito de asociaciones ilícitas terroristas, y decidió que la configuración legal del terrorismo se debía hacer a partir de la finalidad terrorista perseguida por el autor, sin ninguna otra consideración de orden objetivo (armas empleadas, pertenencia a un grupo terrorista, demostración tangible de odio racial o religioso, etc.). En conclusión, a partir del nuevo articulo 41 quinquies, cualquier delito de la parte especial del código o de una ley penal, deviene terrorista por la intención del autor. Esto requiere probar, además del dolo de la acción de base (robar una bicicleta o matar), esta otra intencionalidad especial distinta de este dolo.

- ¿Cuál fue el motivo de esta decisión político-criminal del kirchnerismo tan peculiar que, como usted dice, no reconoce antecedentes en las legislaciones occidentales?

- El peso de la ideología autodenominada “garantismo”. Siempre hay intereses en juego que justifican las acciones políticas, pero las ideas dominantes producen una enorme influencia, como señala Weber. Recuerdo que en el momento de la discusión parlamentaria, los legisladores del oficialismo hicieron mucho hincapié en la llamada interpretación “no criminalizante de la protesta social”. O sea, hace más de 10 años el pensamiento de los legisladores atrasaba cuarenta años.

Hay un retorcimiento normativo propio de la mala conciencia del proyectista y del legislador: eso impide tomar lo mejor de la legislación alemana, francesa, española e, incluso americana, y ver cómo Argentina puede adaptar a su propio ordenamiento legal una serie de delitos que definan con precisión cuáles son los actos de terrorismo que deben ser reprimidos.

Ya está todo inventado, pero no, inventamos un artefacto peor, que no funciona. Debo decirle, además, que ya hemos discutido esto cada vez que se presentó la ocasión. La fundación que presido (FININT) y el propio CESH/UBA, así como otras organizaciones de la sociedad civil argentina, han elaborado proyectos de reformas sistemáticos que articulan la cuestión penal con otros aspectos claves del combate al terrorismo. No deja de ser sorprendente que un país que sufrió dos ataques se muestre incapaz de producir una legislación sistemática para el combate del terrorismo, una cuestión que está en el centro de la seguridad de cualquier país institucionalmente organizado.

- Al no ser un delito propiamente definido ¿esto influye en otras leyes y acciones estatales?

- La ley penal traduce las bases constitucionales sobre las que el Estado debe ejercer el monopolio de la violencia legítima contra aquellos que no aceptan los modos de vida que nos permiten vivir con ciertos estándares aceptables de libertad. Si ella no es clara, ¿cómo puede actuar la AFI para desarrollar su tarea, por ejemplo? El artículo 8 de la Ley 25.520, del Sistema de Inteligencia Nacional, incorporado por la Ley 27.126, establece que la Agencia Federal de Inteligencia tiene que producir inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativos a terrorismo. Ahora, ¿cómo interpretan los espías qué es terrorismo si el Código Penal es tan ambiguo?

- Según algunas fuentes consultadas, los impulsores de esta iniciativa invocan la urgencia que existe ante la inminente evaluación de la Argentina ante GAFI…

- Es una respuesta que pueden dar los países que juegan en B o en la C del torneo global: “Hacemos leyes mediocres porque GAFI nos lo exige”. La Argentina que es miembro pleno de ese organismo y además integra el G-20 -o sea está en las mesas de liderazgo global- no puede hacer eso. Ya es hora de que los funcionarios hagan valer su experiencia, su temperamento para impulsar las reformas que necesita la Argentina. Punto. Lo único que es urgente es que el país tenga un sistema preventivo y represivo consistente que haga funcionar los dispositivos de inteligencia, que permita controlar las fronteras, que produzca disrupción financiera, que designe terroristas, y finalmente, que investigue y castigue a los responsables de actos de terrorismo bien determinados normativamente. ¿Tenemos eso? No, ¡no lo tenemos! Esa es la única urgencia atendible.

- Cree que existe alguna chance de que se modifique este proyecto?

- Es otra batalla perdida. Estoy dando esta nota a Infobae porque siempre le ha dado relevancia a estos temas. Presupongo que el Presidente de la Nación, Javier Milei y la Vicepresidente, Victoria Villaruel están en contra de esta alineación casi haragana -por decirlo de algún modo- con el garantismo kirchnerista en materia de legislación antiterrorista, que le baja el precio a esta materia.

Ellos no votaron esta norma en Diputados. Supongo también que la cuestión económica se ha llevado todos los esfuerzos del gobierno y esto se les pasó por alto. “Last but not least” (la última pero no menos importante). Hay que dar relevancia a las nuevas relaciones internacionales que se orienta a forjar el Gobierno donde cobran protagonismo los Estados Unidos e Israel. Aunque celebro esta nueva alianza, debo recordar que ello nos exige una agenda más potente en materia de combate al terrorismo, que nos permita mejores y más productivos niveles de cooperación con estos países, algo que la norma que se está por sancionar, anclada en las ideas de una argentina afín con el castro-chavismo, está lejos de garantizar.