Procuradores y fiscales de todo el país advirtieron que la nueva Fiscalía Anticorrupción que impulsa el Gobierno violaría las autonomías provinciales

Los Consejos de Procuradores, Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, que integran los jefes de fiscales de todo el país, criticaron el anuncio del gobierno nacional de Javier Milei de crear una crear una fiscalía especial que se encargue de investigar la corrupción de los funcionarios públicos.

A través de un comunicado, las entidades pidieron una “profunda reflexión con la finalidad de evitar propuestas como esta, cuya concreción violentaría gravemente el orden constitucional, sometiendo a las autoridades provinciales a un poder jurisdiccional extraño con el inminente riesgo de condicionarlos en el ejercicio de sus mandatos y funciones Provinciales con las obligaciones y derechos que cada normativa local procesal les confiere”.

Concretamente, objetan que ese nuevo organismo “tendría competencia para investigar a funcionarios provinciales tal por ejemplo a los Sres. Gobernadores y diputados”, lo que viola la Constitución Nacional. “Que junto a esta convocatoria de reflexión pretendemos alertar a los Sres. gobernadores Provinciales y Sr Jefe de Gobierno de CABA y claro está, a los respectivos legisladores a fin que, en su caso, propugnen en defensa de las autonomías Provinciales y el irrestricto respeto por el federalismo”, señalaron en el comunicado que lleva la firma de Jorge Miquelarena, procurador general de Chubut y presidente del Consejo Federal de Política Criminal, y Jorge Canteros, procurador general de Chaco y titular del Consejo de Procuradores.

“El ministro de Justicia (Mariano Cúneo Libarona) le va a sugerir al procurador general Eduardo Casal la creación de una fiscalía especial. Se enfocará especialmente en los casos de enriquecimiento político e incrementos patrimoniales no justificados”, anunció ayer el portavoz oficial, Manuel Adorni, quien agregó que la fiscalía investigará, en los casos que amerite, “a todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo”.

En diálogo con Infobae, Miquelarena señaló que la iniciativa “da por tierra un montón de artículos de la Constitución Nacional sobre las autonomías de las provincias que tienen, entre otras facultades. las de dictar sus propias normas procesales”. “Esto va en contra de nuestro sistema normativo y no podemos no alertarlo y llamar a la reflexión de estas cuestiones”.

Miquelarena agregó que la Procuración General de la Nación ya tiene una dependencia que se encarga de esa tarea -la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, pero “su competencia es la federal, no la provincial”. “Además, muchas provincias tienen dependencias similares para investigar delitos de corrupción en la administración pública provincia. En el caso de Chubut en los últimos años hicimos investigaciones que llevaron a condenas de ocho y nueve años de prisión para ex ministros por casos de corrupción y al decomiso de bienes”.

También en diálogo con este medio, Ricardo Toranzos, fiscal de Salta y titular de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), que esperarán a tener detalles de la iniciativa pero “existen serias inconsistencias en el desarrollo de la información”.

“Resulta difícil de abarcar la investigación de delitos de corrupción de funcionarios provinciales sin afectar la autonomía y jurisdicción de cada provincia. Es confuso cuando se dice que crea un nuevo organismo o si se piensa aumentar las competencias de la PIA. Tampoco sabemos si es un proyecto de ley o una propuesta a la Procuración para la creación de una procuraduría o unidad especial, distinta a las ya existentes, y en su caso como se compatibilizaran las incumbencias”, opinó Toranzos.

El fiscal aclaró que tanto la AFFUN como en lo personal “celebramos cualquier esfuerzo o iniciativa en la lucha contra el grave flagelo de la corrupción, ya que consideramos es transversal a todas las actividades de la comunidad”. “Las organizaciones criminales invierten para lograr su impunidad tratando de cooptar a los funcionarios públicos de todos los ámbitos estatales. Lo importarte es tener una estrategia que permita lograr eficiencia en contra de la corrupción, aprovechando los recursos existentes. Hay que evitar los cambios para que nada cambie o se superponen competencias”, señaló.