En Comodoro Py denunciaron a Alberto Fernández por firmar el decreto que nombró a Figueroa como jueza de Casación

El presidente Alberto Fernández fue denunciado por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes por haber firmado esta semana el decreto que, de manera retroactiva, dispone que Ana María Figueroa siga siendo jueza en la Cámara Federal de Casación pese a que el 9 de agosto pasado había cumplido 75 años y que la Corte Suprema de Justicia informó que había cesado en su cargo por alcanzar el límite fijado en la Constitución Nacional, sin tener para esa fecha un nuevo nombramiento del Senado. También aparecen acusados el ministro de Justicia Martín Soria y el jefe de Gabinete Jorge Rossi, candidato a vicepresidente, ya que también firman el decreto que se publicó el martes pasado en el Boletín Oficial.

La primera denuncia la formularon los diputados de Juntos por el Cambio Fernando Carbajal y Pedro Galimberti, el jueves pasado y quedó radicada en el juzgado de Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano. “Nombrar a una persona que ya no posee los requisitos legales para ser Jueza es ilegal y delictivo. También lo es la designación retroactiva en un cargo ya extinguido. Las nuevas designaciones son para ‘mantener’ en el cargo a quien lo viene ejerciendo, no para reinstalar en el mismo a quien ya ha cesado, como es el caso de Figueroa”, sostuvieron.

Este viernes, una nueva denuncia por parte del abogado Pedro Pablo Pusineri, que es profesor de UCEMA y USAL, fue asesor en la Cámara de Diputados y es consejero del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Ya había denunciado el 10 de agosto a Figueroa por “usurpación de títulos y honores”. “La denuncia es como ciudadano y hombre de derecho. Esto es un hecho gravísimo porque es un poder del Estado que desconoce de un resolución del más alto tribunal en materia constitucional que es la Corte Suprema”, dijo a Infobae. Este expediente fue sorteado en el juzgado de Sebastián Ramos, con la intervención de Carlos Stornelli.

El objeto de la denuncia es el mismo: el decreto 502/2023 que Alberto Fernández, Soria y Rossi firmaron y que reza: “Nómbrase, por el término de CINCO (5) años a partir del 9 de agosto de 2023, VOCAL DE LA CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL a la doctora Ana María FIGUEROA (D.N.I. Nº 4.677.857), quien oportunamente fue nombrada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL para desempeñar dicho cargo mediante el Decreto N° 1896 del 21 de noviembre de 2011 y trasladada mediante el Decreto N° 143 del 4 de febrero de 2013″.

Figueroa era la presidenta de la Cámara de Casación Penal y tenía bajo su órbita la revisión de dos fallos claves para la política: resolver si mandaba a juicio a Cristina Kirchner en las causas Los Sauces-Hotesur y Memorándum con Irán, porque los tribunales orales que intervenían resolvieron a fines de 2021 sobreseerla. El 9 de agosto pasado, cumplió 75 años. Durante todo este año, el oficialismo intentó aprobar su pliego en el Senado para mantenerla durante cinco años más, pero las cosas se complicaron porque se perdió el quórum en el Senado.

Figueroa siguió yendo a su despacho, aunque no firmó fallos. En sintonía con el viceministro de Justicia Juan Martín Mena, dijo que había que esperar que el Senado completara el año parlamentario porque se trataba de un acto complejo y existían otros casos cuyos pliegos se aprobaron después de los 75. Pero para esa altura Casación ya había enviado copias a la Corte y al Consejo de la Magistratura advirtiendo que Figueroa podría haber cesado en sus funciones aquel 9 de agosto.

El 5 de septiembre, Casación llamó a un plenario que encabezó la propia Figueroa. Ella dijo que evaluaba pedir licencia. El debate era si para esa altura podía hacerlo: ¿era aún jueza? Postergaron la reunión para el dia siguiente. Hubo un cuarto intermedio.

En ese interín, la Corte Suprema, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, sacó una resolución dando por cerrado el tema: dijo que Figueroa ya había cesado en su cargo. “Al no prever la norma plazo de gracia alguno, el nombramiento debe ser anterior al día en que el magistrado alcance la edad referida; de lo contrario, no habría límite temporal para la realización de ese nuevo nombramiento, con la absurda consecuencia de que el límite etario se tornaría inoperante”, dijeron el 6 de septiembre pasado. Figueroa se retiró ese mismo día del edificio.

Pero casi 50 días después, el oficialismo en el Senado decidió aprobar el pliego de Figueroa, con un enfrentamiento abierto a la Corte Suprema a quien a inicios de año le inició juicio político. Fue en una polémica votación 35 a 35, en donde la senadora Claudia Abdala, que ocupaba en ese momento la presidencia provisional del Senado porque Cristina Kirchner no estaba en ese momento presente, desempató con doble voto.

Para esa altura, los jueces Diego Barroetevaña y Daniel Petrone ya habían ordenado las reparturas de las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum, aunque la apelación de la vicepresidenta apunta a la nulidad de esa decisión porque entienden que debía haber votado un tercer magistrado. Si Figueroa era jueza, para esa altura, debió haber sido ella, se interpretó.

El presidente no firmó el decreto inmediatamente. Recién lo hizo el 4 de octubre. En tribunales, tal como detalló Infobae, sospechan de esa demora y también de la redacción del texto. “Está mal hecho, fue a propósito”, deslizaban. Figueroa aún no se presentó en Comodoro Py, como se especulaba, para retomar su cargo. En un plenario del jueves pasado, Casación repartió una vocalía y el nombre de Figueroa juran que ni se pronunció.

Pero a la misma hora en que esa reunión sucedía en el primer piso del edificio de Retiro, en el segundo piso de esos tribunales, aparecía la primera denuncia penal contra Alberto Fernández por el decreto firmado, junto a sus funcionarios.

“La actuación de la mayoría del Honorable Senado de ‘prestar el acuerdo’ luego que la magistrada cesó en el cargo, la decisión del Presidente del proceder igualmente al nombramiento con pleno y efectivo conocimiento del texto constitucional y la interpretación de la Corte, demuestra el actuar doloso de los funcionarios intervinientes, quienes con plena y acabada conciencia de la ilicitud de su acción, proceden a efectuar la designación ilegal, violando la norma penal”, dijeron los diputados de JxC Carbajal y Galimberti.

Según subrayaron, “ka acción reprochada se refiere exclusivamente al “nombramiento”; y no alcanza acción de “proponer” que la antecede, pues la misma fue legal atento que en esa oportunidad la ciudadana aún era jueza. Sin embargo si es ilegal y delictiva la acción de nombrarla, cuando había ya perdido dicho carácter”. También apuntaron a “la designación con carácter ‘retroactivo’ al día 9 de agosto de 2023, pretendiendo conceder a la ciudadana el ejercicio de un cargo ya extinguido”. " El Presidente ni siquiera intenta un esbozo de fundamentación de semejante decisión, lo cual además de la nulidad evidente el acto administrativo, demuestra el ánimo doloso de violar la ley”, se añadió

La denuncia de Pusineri, en tanto, sostiene que “el objeto de esta denuncia penal es que el mismísimo Presidente de la Nación ha desoído una decisión del Superior Tribunal de Justicia, que más allá de la autoridad que la misma presenta por quien la dictó, no ha sido objetada formalmente, por lo tanto ha adquirido el carácter de cosa juzgada, y por lo tanto es asimilable en sus efectos y autoridad a la ley misma, ya que la Jurisprudencia es una de las fuentes inobjetables del derecho, máxime, en casos como el presente, cuando un Tribunal Superior , interpreta la Constitución Nacional”.

“Lo grave del decreto recientemente firmado por el Presidente Fernández, el Titular del Poder Ejecutivo Nacional, con la intervención necesaria de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y sublevándose a un fallo firme, concreto y especifico de la Corte, ha prorrogado la función como Juez de la Cámara Federal de Casación Penal, a la Dra. Ana María Figueroa, pese a que cumplió 75 años de edad, edad límite impuesta por la nuestra ley fundamental, ratificada por precedentes de la Corte”, aseguró.

“En definitiva, a través de este ardid, ut supra expuesto, y con posterioridad al fallo de la Corte que ordenaba que Figueroa había cesado en el cargo de Juez de la Casación, el Presidente de la Nación, mediante un decreto ilegitimo, designa a la Dra. Figueroa en un cargo que no ya no detentaba más, y por lo tanto, a partir del fallo de la Corte Suprema, toda actuación jurisdiccional de la nombrada podría ser irregular, afectándose así la Seguridad Jurídica de la República”, se añadió.