El general Ramiro Muñoz, titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) de Honduras, denunció que una jueza de Catacamas, en el departamento de Olancho, dejó en libertad a José Paguada, quien es señalado como presunto lavador de activos.
El hecho ocurrió después de que el sospechoso fuera detenido durante una operación del Ministerio Público realizada en tres departamentos del país, donde se le incautaron 39 armas de fuego.
Según las declaraciones de Muñoz, la jueza —cuya identidad no fue revelada— permitió que Paguada regresara a su residencia, imponiéndole una sanción económica de 100,000 lempiras (aproximadamente USD 3,760).
El funcionario detalló que el acusado estaría vinculado al crimen organizado y a actividades relacionadas con el narcotráfico, lo que agrava la preocupación por la decisión judicial.
Durante el operativo, las autoridades aseguraron 129 bienes inmuebles, aunque no todos estarían asociados directamente a Paguada, según informó la agencia EFE. Además, se decomisaron entre 80 y 90 vehículos, 11 productos financieros y 36 armas prohibidas, en su mayoría de guerra y algunas equipadas con silenciadores, además de una cantidad significativa de municiones.
Muñoz expresó su inconformidad en declaraciones televisivas, cuestionando la confianza en la institucionalidad y en el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad. “¿Dónde queda el trabajo de todos, dónde queda la confianza en la institucionalidad?”, manifestó, y agregó que comprende las amenazas a las que puede estar sometida la jueza que llevó el caso. Según el funcionario, la presión y el riesgo que enfrentan los operadores de justicia podrían haber influido en la resolución adoptada.
El director de la DLCN también advirtió que, si se presenta la oportunidad, las autoridades volverían a capturar a Paguada. Expresó su inquietud ante la posibilidad de que el acusado se fugue tras la liberación. Además, Muñoz planteó un cuestionamiento sobre la protección y el respaldo a los operadores de justicia: “¿No es un insulto para el pueblo hondureño que dejemos libre a alguien con este tipo de cosas solo porque van a amenazar a un operador de justicia en el país?”
Por otro lado, Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, informó que el nuevo presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, quien asumió el cargo tras prestar su promesa de ley ante el Parlamento, ordenó a la Inspectoría General que registre e investigue las denuncias públicas realizadas por la DLCN. Duarte explicó que existe una política de supervisión y vigilancia constante sobre la actuación de los servidores judiciales en todo el país.
El vocero subrayó que la Fiscalía tiene disponible el recurso de apelación que establece el Código Procesal Penal, en caso de no estar conforme con la decisión adoptada por la jueza de la localidad. Esta opción permite que la resolución sea revisada por instancias superiores, lo que podría modificar la situación legal del acusado si se determina que hubo irregularidades en el procedimiento.
El caso de José Paguada, aún bajo investigación, ha generado debate sobre la capacidad del sistema judicial para actuar frente a presiones externas y garantizar la seguridad de jueces y fiscales. Tanto la sociedad como las instituciones permanecen atentas a las decisiones que se adopten en adelante, manteniendo la presunción de inocencia mientras no exista una resolución definitiva de las autoridades competentes.
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