En un plazo máximo de dos semanas, Any Lucía López Belloza deberá regresar a Estados Unidos, según lo dispuso el juez Richard G. Stearns, titular del Distrito de Massachusetts, tras un episodio que expuso graves fallas en la gestión migratoria. La joven, estudiante de Babson College en Massachusetts, fue deportada desde Texas a Honduras por un error administrativo, a pesar que existía una orden judicial que impedía su traslado fuera del país, lo que derivó en una intervención judicial directa y excepcional.
Se determinó que la remoción de López Belloza vulneró una orden expresa que había sido emitida para protegerla mientras se evaluaba su situación legal. Stearns, apelando al libro de Proverbios, enfatizó: “La sabiduría aconseja que la redención se encuentra al reconocer y corregir nuestros propios errores”. El magistrado recalcó que esperaba que las autoridades resolvieran el caso mediante trámites administrativos, como la emisión de una visa de estudiante, pero la falta de soluciones lo llevó a tomar una decisión judicial.
La medida de retorno forzoso se concretó el 20 de noviembre. Ese día, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a López Belloza en el aeropuerto Logan de Boston poco antes que embarcara hacia Texas, donde planeaba reunirse con su familia para celebrar el Día de Acción de Gracias. Después de su detención, la trasladaron primero a Texas y luego la enviaron en avión a Honduras, para ser recibida por sus abuelos. Todo esto sucedió aunque sus abogados ya habían presentado en Boston una demanda que, por norma, debía impedir cualquier traslado fuera del país.
La confusión se agravó cuando un funcionario de deportación interpretó que la orden judicial no aplicaba porque la joven ya había sido llevada a Texas cuando se inició el proceso judicial. Este error desencadenó su deportación, pese a que López Belloza no cuenta con antecedentes penales y su equipo legal había solicitado explícitamente que se respetara la normativa procesal.
López Belloza llegó a Estados Unidos en 2014 desde México junto a su madre, sin documentación migratoria regular. Desde entonces residió en el país y, tras completar su formación secundaria en Texas, obtuvo una beca completa para estudiar negocios en Babson College, una de las universidades más destacadas en su especialidad. Tras el incidente, la institución le ofreció continuar sus estudios a distancia y ha mantenido su apoyo público, subrayando la resiliencia y méritos académicos de la joven.
La defensa legal, encabezada por Todd Pomerleau, denunció la falta de coordinación entre las agencias gubernamentales, calificando lo sucedido como un “desastre burocrático”. Pomerleau remarcó que existen mecanismos simples para revertir la expulsión errónea, como la concesión de una visa de estudiante temporal. Los abogados celebraron la decisión del juez y subrayaron que López Belloza “es una joven extraordinaria y resiliente, merecedora de esta resolución”.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) envió un comunicado a The Associated Press, citado por Bloomberg Línea, en el que sostuvo que la estudiante “había recibido debido proceso completo” y que existía una orden final de remoción dictada por las autoridades migratorias, así como varias oportunidades para apelar. Sin embargo, la familia y los defensores aseguran que la joven fue malinformada por un abogado anterior, quien le aseguró erróneamente que no existía una orden de expulsión pendiente.
El caso de López Belloza se produce en un contexto nacional de incertidumbre migratoria en Estados Unidos, marcado por amenazas de endurecimiento de las leyes y un debate público intenso sobre el tratamiento a estudiantes y jóvenes sin papeles. El episodio revela la complejidad y fragmentación del sistema migratorio, así como la importancia de la supervisión judicial para proteger los derechos individuales frente a errores administrativos y confusiones legales.
Mientras tanto, Babson College ha reiterado su respaldo incondicional a la estudiante. El tribunal federal le ha otorgado un plazo de dos semanas para volver al país y reanudar sus estudios. El desenlace del caso sigue despertando atención dentro y fuera del ámbito académico, y pone a prueba la capacidad de las instituciones para remediar errores administrativos en situaciones de alta sensibilidad humana y jurídica.
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