El último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, elaborado por Transparencia Internacional, le otorga apenas 22 puntos sobre 100, lo que lo posiciona en el puesto 157 de 182 naciones evaluadas a escala mundial.
Organizaciones de la sociedad civil como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advierten que, ante la falta de reformas de fondo y controles rigurosos en instituciones estratégicas, especialmente en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el país se encuentra atrapado en un círculo vicioso que agrava la desigualdad y compromete la confianza en el Estado.
La trayectoria hondureña en el IPC muestra un patrón de estancamiento desde hace más de una década, con retrocesos sostenidos y sólo mejoras puntuales.
Según Transparencia Internacional, Honduras ha sido incapaz desde 2017 de superar el umbral que marca la categoría de alta corrupción.
Los datos históricos confirman que, fuera de 2015 y 2016 años en los que el país superó los 30 puntos, el desempeño siempre ha sido crítico, sin avances estructurales consistentes ni cambios sustanciales en el ranking global.
Los resultados recientes confirman que el problema va mucho más allá de indicadores. La corrupción en Honduras se traduce en una profunda debilidad institucional y una marcada incapacidad del Estado para frenar la captura de recursos públicos, garantizar servicios básicos y asegurar la integridad de los procesos de decisión.
El informe global de Transparencia Internacional sitúa este fenómeno dentro de una tendencia preocupante a nivel mundial, con democracias debilitadas, restricciones al espacio cívico y liderazgos políticos en retroceso.
Sin embargo, destaca que la experiencia de países que han logrado revertir esta situación demuestra la eficacia de controles verdaderamente independientes, juicios efectivos en casos emblemáticos y políticas de transparencia sostenidas.
En Centroamérica, Honduras supera únicamente a Nicaragua y Haití en la clasificación 2025, situándose por debajo del promedio regional de 31 puntos y muy lejos de países vecinos como Costa Rica, que supera los 50 puntos y exhibe una trayectoria ascendente en fortalecimiento institucional.
Esta comparación, según la ASJ, desmiente la percepción de que el rezago hondureño sea producto exclusivo de limitaciones económicas y apunta más bien a debilidades normativas, ausencia de voluntad política y tolerancia frente a intereses enquistados en el aparato estatal.
Uno de los casos más paradigmáticos es el de la ENEE, considerada por la sociedad civil hondureña como el principal ejemplo de corrupción estructural.
Entre 2022 y 2025, la estatal energética experimentó pérdidas acumuladas cercanas a los 46 mil millones de lempiras (USD 1.860 millones) y enfrenta una deuda de más de 114 mil millones de lempiras (USD 4.612 millones).
Esta situación ha obligado al Estado a realizar transferencias constantes de recursos públicos para sostener el sistema eléctrico, destinando fondos que, en otras circunstancias, podrían haberse invertido en áreas prioritarias como salud, educación, seguridad y reducción de la pobreza.
Las causas de la crisis en la ENEE exceden lo técnico. Investigaciones citadas por la ASJ apuntan a la existencia de una estructura institucional capturada, con falta de controles efectivos, escasa transparencia y toma de decisiones arbitraria.
La ausencia de supervisión en el sector energético ha facilitado el drenaje continuo de finanzas públicas, con pérdidas asociadas a energía no facturada, contratos opacos y conflictos de interés no regulados.
La ASJ señala que el puntaje de 22 puntos obtenido por Honduras en el IPC 2025 ratifica un “estancamiento prolongado que ya no puede atribuirse a factores externos”.
El mensaje es categórico: “Cada lempira perdido por corrupción representa un recurso menos para atender necesidades básicas de la población.” Este drenaje debilita servicios fundamentales y golpea especialmente a los sectores más vulnerables, alimentando una sensación generalizada de impunidad y erosión de la confianza en las instituciones.
La lectura comparada regional refuerza las conclusiones del informe. República Dominicana, con 37 puntos en el IPC 2025, mejora de modo sostenido tras aprobar reformas orientadas a robustecer la rendición de cuentas y promover la independencia judicial.
El reporte de Transparencia Internacional resalta que la mejora dominicana confirma que la corrupción no es inherente e irreversible, sino una consecuencia de decisiones y políticas concretas.
Para Honduras, según voces de la sociedad civil, el desafío es urgente. El país no enfrenta solo un problema estadístico o de percepción, sino una crisis que afecta la integridad del sector público y la posibilidad misma de desarrollo sostenible. Sin auditorías independientes, sanciones efectivas y protección a quienes denuncian, Honduras continuará su descenso en el mapa mundial de la corrupción.
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