El 14 de marzo de 2018 fueron asesinados la concejala Marielle Franco y su chofer, Anderson Gomes. Un crimen perpetrado en el centro de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Al momento de su muerte, Franco tenía 38 años y Gomes 39.
Nacida y criada en la favela de la Maré, ubicada en la zona norte carioca, Marielle Franco se presentaba habitualmente en sus redes sociales como mujer, feminista, negra, bisexual, madre soltera e hija de la favela.
En el año 1998, a los 19 años, tuvo a su hija Luyara Santos. La historia de su lugar de origen estuvo fuertemente ligada a la organización comunitaria, vecinal y colectiva. Los propios habitantes de la Maré fueron quienes rellenaron buena parte del terreno —que ocupa más de 400 hectáreas—, construyeron las calles, instalaron la electricidad en las casas y crearon, en 1988, el Pre-Vestibular Comunitario de la Maré, un espacio de preparación para los exámenes de ingreso universitario.
Paralelamente a su trabajo en las calles, Franco se graduó como socióloga en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y posteriormente obtuvo el título de magíster en Administración Pública por la Universidad Federal Fluminense. Como autora, su pensamiento y análisis quedaron registrados en textos como “Laboratorio favela, violencia y política en Río de Janeiro” y "Una reducción de la Favela a tres letras".
En dichos escritos, realizó análisis teóricos sobre las políticas de seguridad pública en Río de Janeiro, cuestionando la violencia estatal contra las comunidades vulnerables antes y después de la instalación de las Unidades de Policía Pacificadora en 38 favelas del estado, y planteó la necesidad de abandonar el modelo sustentado puramente en la acción policial.
Su carrera en la función pública incluyó diez años de trabajo como asesora del diputado Marcelo Freixo, quien en el año 2008 había presidido una comisión investigadora en la legislatura provincial que denunció el accionar de las milicias parapoliciales y logró el encarcelamiento de varios de sus líderes. Asimismo, antes de asumir su cargo legislativo, Franco se desempeñó como coordinadora de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y Ciudadanía de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, brindando soporte jurídico y psicológico tanto a familiares de víctimas de homicidios como a policías muertos o heridos en servicio.
En las elecciones municipales del año 2016, postulándose por primera vez como candidata a concejala por el Partido Socialismo y Libertad, Franco obtuvo 46.502 votos. Esa cifra la posicionó como la quinta candidata más votada de la ciudad de Río de Janeiro. En la bancada de su partido, compuesta por seis representantes, ella era la única mujer. Durante su tiempo en la Cámara Municipal, se destacó por sus denuncias contra la violencia institucional y el accionar policial en las favelas. Su mandato coincidió con la intervención federal militar en la seguridad de Río de Janeiro, decretada en febrero de 2018 por el entonces presidente de Brasil Michel Temer, bajo el mando del general Walter Braga Netto, con el argumento de contener la ola de violencia urbana. Franco criticó duramente esa medida gubernamental, advirtiendo que agravaría la violencia contra los habitantes de las favelas.
Los datos de la época reflejaban una situación crítica: entre el año 2003 y fines de 2016, se registraron 12.623 muertes provocadas por acciones policiales en Río de Janeiro, con un promedio de tres casos diarios en ese último año, y un índice de investigación inferior al cinco por ciento.
Días antes de su asesinato, el 10 de marzo de 2018, Franco denunció públicamente a los policías del 41º Batallón de la Policía Militar por abusos de autoridad contra los habitantes de la favela de Acari, mencionando el asesinato de dos jóvenes arrojados a una fosa. El 13 de marzo, apenas un día antes de su asesinato, cuestionó en sus redes sociales el homicidio del joven Matheus Melo, quien acababa de salir de una iglesia, preguntándose de forma pública: “¿Cuántos más van a tener que morir para que esta guerra acabe?”.
El 14 de marzo de 2018, Marielle Franco participó en un conversatorio denominado “Jóvenes Negras Moviendo Estructuras”, realizado en la Casa de las Negras, un espacio colectivo de mujeres ubicado en el barrio de Lapa, en el centro de Río de Janeiro.
Al finalizar la charla, subió a la parte trasera de un automóvil conducido por Anderson Gomes. En el vehículo también viajaba su asesora, Fernanda Chaves. Se estaba por concretar un plan que llevaba unos 7 meses de preparación.
Según la confesión brindada por Élcio de Queiroz, un ex policía que participó del asesinato, mediante un acuerdo de delación premiada, los ex uniformados habían planificado el ataque con antelación.
Queiroz relató que pasó la víspera de Año Nuevo a fines de 2017 junto a Ronnie Lessa —un exintegrante del Batallón de Operaciones Policiales Especiales de la policía y experimentado francotirador—, quien le confesó que ya había existido un primer intento fallido de asesinar a la concejala. En aquella ocasión, Lessa y dos cómplices, identificados como Maxwell Simões Correa y Edimilson Oliveira, no habían logrado acercarse lo suficiente al auto de la víctima para ejecutar los disparos.
Para concretar el atentado de marzo de 2018, los criminales utilizaron un automóvil marca Cobalt robado que contaba con patentes clonadas. El arma homicida escogida fue un subfusil MP5 calibre 9 milímetros, provisto con municiones pertenecientes a un lote adquirido originalmente por la Policía Federal, que ya había sido identificado en casos previos de violencia policial en San Pablo y que posteriormente fue vendido a policías militares de Río de Janeiro. De acuerdo a los detalles de la delación premiada, la ametralladora había sido sustraída por Lessa del arsenal policial durante un incendio.
La tarde del 14 de marzo de hace ocho años, Lessa y Queiroz apagaron preventivamente sus teléfonos celulares para evitar ser rastreados, buscaron el vehículo Cobalt y se dirigieron al barrio de Lapa.
Esperaron en las inmediaciones de la Casa de las Negras, donde Lessa, ubicado en el asiento trasero, observó la zona con prismáticos y le colocó un silenciador al arma.
Descartaron disparar en ese mismo lugar debido a la fuerte presencia de cámaras de seguridad. Cuando el vehículo de Franco finalmente inició su marcha, lo siguieron a una distancia prudente durante cuatro kilómetros. Al llegar a una intersección específica en la región de Estácio, considerada un punto ciego sin monitoreo de cámaras, un automóvil les cerró el paso y el Cobalt se posicionó en paralelo, exactamente a la altura de la ventanilla derecha del asiento trasero, que contaba con vidrios polarizados. Desde una distancia mínima de dos metros, Lessa efectuó una ráfaga letal de 13 disparos. Cuatro de esas balas impactaron directamente en la cabeza y el cuello de Marielle Franco, mientras que tres proyectiles alcanzaron por la espalda al chofer Anderson Gomes. La asesora Fernanda Chaves, por su parte, logró sobrevivir al ataque con heridas leves. Los agresores huyeron de inmediato de la escena.
Tras consumar el crimen, Queiroz condujo a gran velocidad por la Avenida Brasil en dirección a Barra da Tijuca y la zona norte carioca. Abandonaron el vehículo cerca de la casa de la madre de Lessa, quien se comunicó con su hermano para pedirle que ocultara un bolso. Luego, tomaron un taxi hasta el auto personal de Lessa y se dirigieron a un bar muy concurrido ubicado en la avenida Olegário Maciel. Allí se encontraron con Maxwell Simões Correa, quien les confirmó que la noticia del asesinato ya estaba circulando en los medios de comunicación y que, además de la concejala, otra persona había fallecido.
Al día siguiente, limpiaron el auto Cobalt, modificaron algunos de sus componentes estructurales y se deshicieron por completo de las patentes clonadas, entregándole el vehículo a Correa con la orden estricta de hacerlos desaparecer sin vender sus partes para no dejar ningún tipo de rastro de ADN.
Lessa y Queiroz fueron detenidos en 2019. En octubre de 2024 habían sido condenados a 78 años y nueve meses y 59 años y ocho meses de prisión, respectivamente. El testimonio de Lessa, que colaboró con la justicia, ayudó a identificar a los autores intelectuales del crimen.
A partir de ese testimonio se determinó que el asesinato estuvo vinculado a la oposición ejercida por Franco frente a los intereses de grupos políticos inmersos en la regularización de tierras en áreas controladas por milicias en Río de Janeiro. Los que planearon el asesinato también enfrentaron un proceso judicial.
El 25 de febrero de 2026, la Primera Sala del Tribunal Supremo Federal concluyó el juicio contra los autores intelectuales del asesinato. Fue así que se dictaron las condenas de los hermanos Domingos y Chiquinho Brazão, quienes fueron sentenciados a 76 años y tres meses de prisión. Domingos se desempeñaba como consejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro y Chiquinho había sido diputado federal. Ambos fueron hallados culpables de los delitos de organización criminal, doble homicidio e intento de homicidio contra la asesora Fernanda Chaves. Junto a los hermanos Brazão, la justicia también condenó a otros tres implicados: el mayor de la Policía Militar Ronald Alves de Paula recibió una pena de 56 años de cárcel por monitorear la rutina de la concejala; el ex policía militar Robson Calixto, asistente de Domingos Brazão, fue sentenciado a nueve años por proporcionar el arma del crimen; y el exjefe de la Policía Civil, Rivaldo Barbosa, fue condenado a 18 años por obstrucción de la justicia y corrupción, aunque resultó absuelto del cargo directo de homicidio.
El fallo estipuló la pérdida definitiva de todos los cargos públicos de los procesados y el pago de siete millones de reales en concepto de daños morales: un millón para Chaves, tres para la familia de Franco y tres para la familia de Gomes. De esa forma se dio por concluido el juicio penal en torno al asesinato llevado a cabo el 14 de marzo de 2018.
En agosto de 2018, la Cámara Municipal de Río de Janeiro aprobó cinco proyectos de ley que habían sido elaborados e impulsados por Franco. Esas leyes abarcaron la creación de un programa nocturno de acogida infantil, la instauración oficial del Día de la Mujer Negra, una campaña de sensibilización sobre el acoso y la violencia sexual en el transporte público, el dossier Mujer Carioca y el cumplimiento de medidas judiciales en régimen abierto para adolescentes. El pensamiento y la labor de la concejala asesinada fueron honrados.
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